Editorial

Sobre la ley de blanqueo y la libertad de prensa

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional vinculado al blanqueo de capitales contiene, en su artí­culo 85, una graví­sima amenaza a la libertad de prensa. Como al pasar y entre el lenguaje leguleyo de todo proyecto de ley, se prevéen multas y cárcel para quienes difundan los nombres de quienes se amparen en el blanqueo y los montos que allí­ se declaren.

La garantí­a del más absoluto secreto de toda la información que se genere con el blanqueo está vinculada primaria, y engañosamente, a evitar filtraciones por parte de funcionarios de la AFIP y la Justicia, pero también se refiere a “los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionalesˮ, para los que se prevé la utilización del artí­culo 157 del Código Penal que castiga con hasta dos años de prisión. También se estipula una multa equivalente “al valor de los montos exteriorizadosˮ, es decir, a la cantidad de dinero blanqueado.

El problema radica en la categorí­a “tercerosˮ, que claramente puede ser utilizada para periodistas u organizaciones polí­ticas, sociales, sindicales, etc. que den a conocer el nombre de algunos de los buenos hombres de negocios que ahora deciden blanquear una parte del dinero que durante años le escondieron al fisco.

Tal restricción a la libertad de prensa es abiertamente inconstitucional y ha generado una inmediata reacción de organizaciones y entidades de prensa y de muchos periodistas de distintos posicionamientos ideológicos.

Tamaña brutalidad legislativa habla al mismo tiempo de una concepción cavernaria de la libertad y las garantí­as democráticas y de un nivel de improvisación cuya mezcla en partes iguales ha sido una de las marcas de estos seis meses de macrismo.

El gobierno de los Panamá Papers y los evasores seriales arma un proyecto de blanqueo de capitales a la medida de sus amigos gambeteadores del fisco y en el medio se le cuela un artí­culo obscenamente lesivo de la libertad de prensa.

Explotado el asunto, un diputado del PRO, Pablo Tonelli, sale a bancar la posición oficial e intenta una defensa con un argumento increí­ble: “Hay ciertas informaciones que no deberí­an revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas” dice, en 2016. Sin embargo, ante la andanada de cuestionamientos admite que van a revisar el artí­culo.

Ya sabemos que “el mejor equipo de los últimos 50 añosˮ ensaya en público de qué se trata esto de gobernar, y a ese nivel de improvisación lo llama “saber escucharˮ.

El macrismo es una experiencia de derecha. Hasta ahí­ no hay novedad. No se les pide que no sean conservadores, que crean en la democracia, en la justicia social y el bienestar popular. Serí­a en vano.  Solo les pedimos que sean mí­nimamente competentes, aunque sea en sus propios términos.

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