Editorial -

Eso es eficiencia, María Eugenia

Por Horacio Verbitsky (*)

El Hada Buena y su ministro de Seguridad han logrado una mejora asombrosa de su policía, en respuesta a la inseguridad que angustia a la población. Los poco más de cinco mil habitantes de Carlos Tejedor, en el norte de la provincia de Buenos Aires, asistieron a un despliegue fulminante, que no escatimó hombres y recursos para esclarecer una seguidilla de graves crímenes, individualizar al jefe de la banda y secuestrar las armas que habría empleado. Esto implicó traspasar la propia jurisdicción, con desplazamientos de efectivos a los partidos vecinos de San Andrés de Giles y Pehuajó, aportes de dependencias técnicas, un trabajo rápido y preciso de Inteligencia y el empleo de tan moderna tecnología como la que deslumbra al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

A las 10.30 del 27 de febrero el subcomisario Luis Darío Manago, a cargo de la policía comunal de Carlos Tejedor, “toma conocimiento” de la comisión del delito y envía al lugar al subinspector César López Rouan. Su diligencia es tan notable que dos horas antes de recibida la orden y en compañía del oficial Mario Elía, comienza a transitar por la calle San Martín y al llegar a Irigoyen comprueban el primer delito, del que realizan todas las constataciones necesarias. Tras las huellas de los malhechores detectan que el raid criminal continuó al amparo de la noche e incluyó a la cooperativa eléctrica de la calle Mitre; el supermercado Alcer; la distribuidora de bebidas de Oscar Mauro; la Escuela Normal, el local de repuestos Casa Pablo y el comité de la UCR. Todo ello fue documentado con fotografías en cada escena del crimen e inscripto en un plano de la planta urbana. Luego de interrogar a varios testigos, uno de los cuales figura como denunciante, el sagaz policía dio intervención al titular de la Unidad Funcional 1 de Trenque Lauquen, el fiscal Omar Flores. El subcomisario Manago también recurrió al delegado de investigaciones de Carlos Tejedor, principal Víctor Sánchez, con cuya participación se pudo esclarecer que la ola delictiva se había extendido a la ruta provincial 226, en dirección a Pehuajó, y secuestrar el cuerpo del delito. Por último, a pedido del fiscal, quien con la invalorable ayuda policial había identificado al delincuente serial y establecido donde se guarecía, la jueza de garantías Alicia Cardosi dispuso el registro de ese domicilio y del vehículo utilizado, que se realizó cuando apenas habían transcurrido cinco días de los hechos delictivos.

El sábado 5 doce efectivos policiales montaron un operativo espectacular en ese domicilio. Llegaron en dos patrulleros y un auto sin insignias. Seis guardias de infantería con sus garrotes cortaron el paso en la vereda mientras los otros ingresaron a la vivienda al grito de policía. Luego de una revisión minuciosa, secuestraron un aerosol. Los delitos investigados eran una serie de pintadas que decían “Monzó extorsionador”, “Monzó ladrón”, “Monzó puto”, “Monzó gato” o “Monzó loro”. Emilio Monzó fue intendente de Carlos Tejedor y desde hace tres meses preside la Cámara de Diputados de la Nación. Según Tejedor Noticias, en 1998, cuando Monzó era asesor del consejo bonaerense del menor durante la gobernación de Eduardo Duhalde, la dueña de la clínica On the Way denunció que le habría pedido una comisión sobre la deuda pendiente, pero el juez César Melazzo le dictó la falta de mérito.

El subinspector López Rouan dijo que al terminar su turno a las 4.55 vio a un hombre y una mujer efectuar la primera pintada con aerosol en un tapial y retirarse en un auto Gol blanco, con patente NLK152. En consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y antes de dar intervención a la Unidad Fiscal su jefe estableció que el auto pertenecía a Carlos Ismael Ballesteros, radicado en San Andrés de Giles. Manago le pidió al jefe de Policía de Giles que investigara al propietario y sus familiares, “labor que desempeñan, militancia política, etc”. El inspector Cristian Doyle respondió de inmediato que varias veces se vio al auto “conducido por el hijo del titular, resultando ser el ciudadano Ballesteros Facundo, a quien se lo conoce que se desempeña en la militancia de la política conocida como La Cámpora”. En un alarde de precisión agrega que Facundo está en Giles los fines de semana y pasa los demás días en La Plata. Doyle también investigó el perfil de Ballesteros en Facebook: “Se observa que tiene colocada una remera blanca con las inscripciones en letras de color negro que reza La Cámpora y el mismo posee en su mano izquierda un micrófono”. Los sabuesos que viajaron desde Tejedor hasta Giles, “siempre mediante la utilización de GPS”, también establecieron que Ballesteros había sido electo concejal. Por conexidad adjuntaron fotos de un local del Partido Justicialista que lleva el nombre de Héctor J. Cámpora. La ley de Inteligencia nacional prohíbe obtener información sobre personas, por “su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias”.

El cuñado de Monzó, Juan Carlos Menafra, y el productor agropecuario Santiago David Ranciari también encontraron y descolgaron pasacalles similares en el cruce de las rutas 5 y 46 y en Pehuajó, sobre la ruta 226.

Además del aerosol, la policía secuestró una remera de La Cámpora con manchas de pintura. También tuvo la perspicacia de llevarse el telefonito del dueño de casa. El oficial a cargo intentó congraciarse: “Esto te lo opera Ritondo. Teníamos orden de tirar abajo la puerta y romper, pero tocamos timbre”, le dijo.

El procedimiento, por daño agravado, según el artículo 183 del Código Penal, tiene escasos precedentes. “En quince años como defensora oficial de San Isidro nunca vi una causa semejante”, dice la doctora María Dolores Gómez. Si esta práctica se generalizara, los juzgados correccionales no darían abasto. Peor aún, si se suspendiera un juicio y el autor reincidiera con el aerosol, se revocaría la suspensión a prueba y como se habría cometido un nuevo delito debería cumplir la pena. O sea, dos pintadas y a una sana y limpia cárcel del SPB. La (in)experiencia de Gómez refleja la situación de toda la provincia: sobre 600.000 Investigaciones Penales Preparatorias al año, no más de 60 corresponden a pintadas tipificadas como daños, es decir 0,01 de los delitos investigados por el ministerio público y la policía. La mayoría por graffiti. Ojalá el encomio y la diligencia del gobierno provincial y la policía en este delito sirviera para causas por crímenes más frecuentes y en protección de bienes jurídicos más relevantes: tienen para elegir entre el 99,99 por ciento restante. Sólo es cuestión de ir afinando la puntería. Sí, se puede, María Eugenia.

(*) Publicado en Pagina 12 del domingo 13/03/2016.-