Noticias

El macrismo y los precios

macri_precios

El ajuste que no quieren reconocer (y que los medios dominantes encubren)

  • Una devaluación milagrosa: según el gobierno de Macri, sería la primera en la historia del mundo que no genera inflación…

Mauricio Macri y sus economistas sostuvieron a lo largo de la campaña electoral que el paquete de medidas que iban a aplicar, que tenía como eje central la abrupta devaluación del peso -denominada simpáticamente como “fin del cepo”-, no iba a perjudicar a nadie. Apelando a un nuevo tipo de pensamiento mágico afirmaban que todos los precios de la economía estaban alineados con el tipo de cambio ilegal (el famoso “blue”). Pero los precios no dependían del dólar blue antes de la devaluación de Macri simplemente porque todas las importaciones (68 mil millones de dólares, nada menos) se realizaban al tipo de cambio oficial. Pero con este esotérico argumento buscaban convencer a los argentinos de que su devaluación sería milagrosa: no iba a incrementar el costo de los productos que se venden en el mercado interno y, por lo tanto, no iba a traer consigo aumentos de precios. Pero, al menos en la economía, los milagros no existen. Tal como ahora estamos viendo desde que asumió Macri, y tal como ocurrió en nuestro país y en el resto del mundo, cada vez se produce un salto significativo en el tipo de cambio: nada hay más falso. El tipo de cambio influye directa o indirectamente en el precio de todos los bienes y servicios que se consumen en el país. Es por eso que hasta un confeso partidario de Macri, como es Orlando Ferreres, ya reconoce desde su consultora que los meses de diciembre y enero tendrán la inflación más alta desde el año 1990, es decir, desde la última hiperinflación. Estima un 6% por mes.

Y no se acaba aquí el problema. Macri devalúo un 40% y los precios suben rápidamente, digamos, un 12%. El problema es que los salarios y otros ingresos como jubilaciones, asignación, etc. no se incrementan. De manera que el poder de compra de millones y millones de argentinos cae en picada. Y, de nuevo, no se acaba aquí el problema. Porque si los argentinos tienen menos poder de compra, el consumo cae, de manera que también los empresarios van a tener problemas para colocar sus productos. Es por eso que, como dijimos mil veces y como todo el mundo sabe –menos, al parecer, Macri y su elenco de funcionarios y periodistas adeptos- toda devaluación tiene dos consecuencias inmediatas: inflación y recesión, o sea, desempleo.

En los hechos, no hubo que esperar a que Macri llegara a la presidencia para que parte de los efectos regresivos de su modelo económico se hicieran realidad. La oleada de anuncios de campaña generó un impacto directo en los precios a partir del mes de noviembre, proceso que luego se consolidó y potenció con la asunción del candidato del PRO el 10 de diciembre. Esto se debe a que cuando los comerciantes y fabricantes se enteraron de que el presidente electo iba a devaluar comenzaron a subir sus precios anticipadamente, con toda lógica: si en un par de semanas iban a aumentar todos los insumos importados, no les convenía vender al precio anterior.

  • Si no hay milagro, que se apague la luz…

Entre enero y octubre de 2015 todas las estimaciones de inflación –incluso las más reacias a admitirlo- mostraban una clara tendencia a la desaceleración. Dependiendo de la fuente, la variación de precios promedio acumulada en los primeros 10 meses del años se encontraba entre el 11,9% (IPCNu-INDEC) y 20,4% (IPC Trucho-Congreso). La desaceleración inflacionaria y el crecimiento del salario real permitieron así el repunte del consumo y la actividad económica determinando un crecimiento que hasta el más opositor de los economistas estimaba en 2% anual en 2015.

Pero el panorama cambió rotundamente luego del balotaje y la llegada de la macrieconomía. La verdadera magnitud de los aumentos de precios de noviembre y diciembre permanecerá oculta por un largo tiempo, porque una de las primeras medidas de Macri al asumir la presidencia fue decretar el apagón estadístico (denominado “emergencia estadística”) y suspender la publicación de todos los indicadores que calculaba el INDEC con la excusa de que no eran confiables. Increíble: cuando fueron oposición calculaban los precios supuestamente con toda precisión, ahora que son gobierno, con todos los recursos del Estado, tienen que tomarse cuatro meses. A esto se sumó que las corporaciones mediáticas, en total sintonía con el nuevo gobierno, dejaron de difundir o minimizaron la visibilidad de los indicadores privados que hasta el mes anterior publicaban con bombos y platillos en las primeras planas de los diarios.

Pese a las maniobras de ocultamiento, las estimaciones disponibles hablan de una inflación acumulada entre noviembre y enero superior al 10%, en un escenario optimista. Es decir, como mínimo se triplicó la tasa de variación de precios previa. Esta aceleración inflacionaria es aún más pronunciada en los bienes de consumo masivo como alimentos y bebidas, que pegan directamente en el bolsillo y el bienestar de los trabajadores y jubilados argentinos. Si a esto se suma la inminente suba de tarifas de servicios públicos que prometió el macrismo, la inflación de enero y febrero podría alcanzar niveles récord de las últimas décadas. Por eso, y no por otra cosa, dejaron de publicar las estadísticas del INDEC.

  • Si los precios aumentaron fue por culpa del kirchnerismo…

Los evidentes efectos inflacionarios del paquete de medidas implementado por el nuevo gobierno no se pueden tapar simplemente desconociéndolos, por más blindaje mediático que haya. Las consecuencias de la macrieconomía sobre los precios de los productos de primera necesidad están a la vista: la bolsa de harina de 50 kg pasó de valer $160 en noviembre a $250 en la actualidad (aumento de 56,3%); el kilo de pollo pasó de $25,50 a $35 (37,3% de aumento); el kg de asado pasó de $85 a $105 (23,5% de aumento); y el pan flauta de $25,50 a $30 (17% de aumento).

Ante la imposibilidad de negar un fenómeno evidente, el macrismo y la prensa colaboracionista finalmente reconocieron la suba de precios, pero recurriendo a una nueva estrategia para no hacerse cargo de las responsabilidades que le tocan: la aceleración de la inflación en los últimos meses se debe a la “pesada herencia kirchnerista”.

En vez de asumir que es el resultado previsible de medidas que tenían como único objetivo transferir rápidamente ingresos a los sectores más concentrados del campo, la industria y las finanzas, a expensas del bienestar de la mayoría de los trabajadores y jubilados argentinos, el argumento ridículo que comenzaron a repetir los voceros del macrismo y los medios hegemónicos es que, una vez que el Frente para la Victoria perdió las elecciones, el Gobierno anterior instrumentó una “zona liberada para subir los precios”. Esto habría ocurrido a través de una presunta relajación de los controles que mantenía firmemente la administración previa.

  • Durante 12 años afirmaron que los acuerdos de precios que no servían para nada, pero ahora que son gobierno sostienen que así se frenaba la inflación…

Durante los 12 años de gestión kirchnerista se desarrolló una política de administración de precios que buscó evitar ganancias extraordinarias por parte de los sectores concentrados, que utilizan su poder de mercado para beneficiarse en perjuicio de los actores más débiles (pequeños productores y comercializadores, y fundamentalmente los consumidores). Para ello se llevaron adelante distintas experiencias de acuerdos de precios. En todos los casos se trató de esquemas voluntarios, como el actualmente vigente Precios Cuidados. Estas políticas contaron con un coro uniforme de detractores en los medios y en la por ese entonces oposición política. El principal cuestionamiento era que los acuerdos no servían para nada y que el Gobierno era incapaz de controlar los precios y contener la inflación.

De hecho, durante la campaña se encargaron de dejar en claro que bajo un gobierno macrista los acuerdos de precios se iban a terminar. La propia María Eugenia Vidal, cuando acababa de ser electa gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, declaró muy suelta de cuerpo que “tanto el precio máximo, mínimo o sugerido y todo eso de Precios Cuidados no son lo nuestro”.

Pero ahora que son gobierno y realizaron su devaluación, acusan a la gestión kirchnerista de estar detrás de la suba desproporcionada de precios de los últimos meses por decretar una “zona liberada”. En criollo, contrariamente a lo que sostuvieron siempre, ahora reconocen que la política de administración de precios previa era efectiva.

Es más, ante el masivo apoyo de los consumidores argentinos al programa Precios Cuidados, al macrismo no le quedó más alternativa que renovar el acuerdo, contra su voluntad y sus propias creencias. Por eso mismo, la supuesta continuidad de Precios Cuidados del macrismo es una verdadera payasada.

  • La milagrosa política de administración de precios que se auto-regula…

El macrismo transformó un sistema de precios de referencia amplio, que permitía a los consumidores tomar decisiones de compra de una manera informada y al mismo tiempo contener el aumento general de los precios, en una canasta acotada de ofertas de productos básicos.

No sólo el listado previamente vigente de 512 productos con una alta representatividad en el consumo de los argentinos se redujo a 315 artículos, sino que en el marco del “diálogo y la buena onda” que pregona el actual gobierno, los productos y los precios de venta lo determinaron las propias empresas. Como muestra de lo absurdo de la nueva canasta, las primeras marcas de leche en sachet (Sancor y La Serenisima) fueron reemplazadas por presión de las empresas por segundas marcas (Armonia y Santa Brigida), con aumentos del 12%. A partir de ahora, la leche más consumida por los argentinos estará librada a lo que defina “el mercado”, y las opciones más baratas se aseguraron una fuerte suba inmediata. Como se ve, el diálogo y la buena onda del macrismo se aplica sólo a los empresarios, porque a los despedidos los atienden gases y balas de goma.

Como si fuera poco con esto, los funcionarios macristas declararon en diversos medios que no está dentro de sus intenciones realizar controles rigurosos del acuerdo, sino que apelan a que los empresarios cumplan responsablemente con lo pactado, porque no creen en los “aprietes”, tal como manifestó el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay en su primera conferencia de prensa.

La misma estrategia de auto-regulación y responsabilidad empresarial es la que planea aplicar el macrismo para revertir los aumentos de precios de los últimos meses (por fuera de lo que es Precios Cuidados), en el marco del autoproclamado “Acuerdo Económico y Social” que piensan llevar adelante en las próximas semanas. Según se supo, este acuerdo ya fue vetado por adelantado por el sector empresario, pese a que según parece Macri quiere liberar los precios pero controlar muy bien los aumentos salariales.

  • La buena onda todo lo puede y hace bajar los precios (o un nuevo milagro del macrismo)…

El llamado al diálogo y el consenso que tiñó el discurso del macrismo durante la campaña electoral tiene su capítulo económico en la intención de realizar un acuerdo “amplio” entre sindicatos, empresas y Estado. En materia de precios, según manifestó Prat-Gay, el objetivo explícito es revisar las subas recientes y tomar como fecha de referencia el 30 de noviembre (paradójicamente, cuando una buena parte de los efectos de los anuncios de las medidas de Macri ya se habían materializado). En caso de que los aumentos hubieran sido superiores a lo justificable, deberán retrotraerse los precios. Al menos esa es la aspiración de los funcionarios macristas.

Sin embargo, el sector empresarial rápidamente marcó la cancha y cortó con la buena onda reinante, refutando tajantemente la posibilidad de que esto ocurra. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) que agrupa a las grandes empresas de alimentos y bebidas, declaró taxativamente que “no hay ninguna posibilidad de que todos los precios de la economía que aumentaron desde octubre último vuelvan atrás como pretende el Gobierno”.

Más allá de lo inapelable del planteo de las corporaciones, ahora resulta que si el gobierno no puede desarrollar una política efectiva y retrotraer los precios a los niveles previos a la devaluación -que recordemos no iba a generar ninguna suba, según la particular visión de sus economistas- no es por la rotunda negativa empresarial sino que es por culpa del kirchnerismo.

  • La imposibilidad de revertir los efectos de la devaluación en los precios es por culpa de la tierra arrasada que dejó el kirchnerismo

En una de sus habituales columnas de operación política en el diario Clarín, el periodista Marcelo Bonelli escribió el 8 de enero una defensa de la estrategia de Macri respecto a la cuestión de los fondos buitres, además de meterle presión al gobierno con la necesidad urgente de brindar señales a los mercados y profundizar el ajuste que viene realizando mediante una decidida reducción del gasto público. Lo llamativo del artículo es el título: “Kicillof ordenó destruir la información de Comercio Interior y esconder computadoras”. El título no refleja el contenido de la nota, sino sólo el último párrafo donde se acusa al gobierno saliente, en particular al ex–Ministro Axel Kicillof, de haber ordenado destruir información clave sobre costos y precios que se encontraba en la Secretaría de Comercio. Esta tarea se habría realizado escondiendo computadoras en distintos lugares del edificio, destruyendo datos históricos y desprogramando los sistemas informáticos.

El mismo día, la versión online de Clarín publicó una nota donde se asegura que para la renovación de Precios Cuidados, las nuevas autoridades de la Secretaría de Comercio tuvieron que solicitarle información a los empresarios porque habían desaparecido todos los datos que deberían haber estado en el organismo.

Toda denuncia contra el kichmerismo se pasa de infantil: “esconder computadoras en el edificio”. La realidad es que la principal dificultad para cumplir con los objetivos que el macrismo dice tener son sus propios funcionarios. Del primero al último se declaran en contra de solicitar cualquier información en materia de costos a las empresas, negociar pautas de evolución de precios e intervenir en el funcionamiento de los mercados. Peor aún, la primera medida relevante que sacó el flamante Ministro de Producción Francisco Cabrera, de quien depende la Secretaría de Comercio de Macri, fue derogar la normativa que hacía que las grandes empresas debieran presentar mensualmente información sobre los precios de todos sus productos y los lanzamientos que realizaban al mercado, y que servía de base para el monitoreo y diseño de las políticas de comercio interior.

Basta leer los considerandos de la Resolución 3/2016, a la que cualquiera puede acceder en el sitio web del Boletín Oficial, para tener una idea clara de la lógica de la política macrista: “lejos de haber cumplido con su objetivo, el esquema de administración de precios ha demostrado ser ineficaz para el cumplimiento de las finalidades por las que se ha pretendido llevarlo adelante”; “la obligación a cargo de las empresas productoras de insumos y bienes finales, así como de sus distribuidoras y/o comercializadoras, de informar mensualmente los precios vigentes de todos sus productos (…) ha demostrado no ser útil para avanzar en las políticas para el cumplimiento de los objetivos de defensa del consumidor y de mayor competitividad en el mercado”; “la derogación del citado régimen informativo resulta oportuna para generar mejores condiciones tendientes a la normalización de los mercados, su transparencia, y la atracción de inversiones productivas”.

En otras palabras, quien destruyó la información con la que contaba el Estado para conocer el accionar de los formadores de precios fue el macrismo, porque hasta ayer no veía su utilidad. Es difícil ahora convencer al público de que el problema está en que se destruyó información que no necesitan. Y esta decisión es parte de la lógica del programa económico de ajuste y transferencia de ingresos a los sectores concentrados que viene realizando despiadadamente, incluso antes de asumir el poder.

  • Si no se puede con el diálogo y el consenso, buenas son las balas de goma y los gases lacrimógenos

En definitiva, lo que pretende hacer el macrismo con la complicidad mediática es quitarse de encima la responsabilidad del brutal ajuste que está llevando adelante con sus políticas. Y en particular, cualquier relación con el abrupto salto en los precios que viene haciendo estragos en los bolsillos de los argentinos.

Lo que buscan es una cobertura ante los necesarios (y buscados) efectos de sus políticas: provocar una de las más escandalosas transferencias regresivas de ingresos de las últimas décadas. Ahora que buena parte de las tropelías ya se hicieron, el macrismo sale a hablar de la necesidad de generar un gran acuerdo social de precios y salarios que contemple la participación de las empresas, los sindicatos y el Estado. Pero en realidad a lo que aspiran es a convalidar la brusca caída del salario real que provocaron la devaluación, la eliminación de las retenciones a productos sensibles para la mesa de los argentinos y la desregulación del comercio exterior de bienes agropecuarios, entre otras medidas.

En este sentido, las distintas expresiones de los funcionarios macristas revelan que lejos de buscar preservar el poder adquisitivo de los salarios, el Estado será un mero espectador de las negociaciones en el marco de este gran “acuerdo social” que publicitan. Y resulta evidente que el llamado al diálogo se enmarca en las amenazas y extorsiones a los trabajadores respecto a la continuidad de sus puestos de trabajo. Sin eufemismos, el ministro Prat-Gay manifestó a cara descubierta que cada sindicato sabe “hasta qué punto puede arriesgar empleos a cambio de salarios”. Esta es la forma en la cual la devaluación engrosa las ganancias del sector empresarial.

La Unión Industrial Argentina también se pronunció en esta dirección: el elemento de negociación que pondrá arriba de la mesa es “no despedir gente”. Llama la atención la poca repercusión mediática del giro de esta discusión: ¿desde cuándo en la Argentina se discute qué porción de la torta van a perder los trabajadores? La respuesta es muy sencilla: desde el 10 de diciembre de 2015.

Si en estas condiciones el diálogo y el consenso no funcionan, buenas son las balas de goma y los gases lacrimógenos. El macrismo ya demostró que no le va a temblar el pulso al momento de recurrir a la represión de cualquier protesta o manifestación que ponga en duda el avance de su política de ajuste, tal como ya ensayó en la Riccieri contra los trabajadores de Cresta Roja y en La Plata contra los municipales en las primeras semanas de gobierno. Todo parece indicar que definitivamente se están pinchando los globitos de colores. A balazos.

 

 

Portada

En el marco de los conflictos por la tenencia de la tierra en el monte nativo habitado por familias campesinas criollas y/o indígenas, hay un contexto que desde el punto de vista ambiental está dado por el avance de la frontera agropecuaria, los intereses económicos en juego y la vulnerabilidad de los habitantes de esas tierras, con un trasfondo económico, productivo y netamente político.

Mocase2
Noticias

El conflicto reciente en Santiago del Estero con el empresario dueño de la empresa Manaos, Orlando Canido, no es un conflicto aislado sino que se encuentra enmarcado en los problemas estructurales de la constitución del Estado argentino.

mocase