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Página/12 accedió a los descargos de María Eugenia Talerico ante la Justicia en los que argumenta en contra de la capacidad de sanción de la oficina antilavado, su potestad para iniciar sumarios y los montos de las multas, fijados por el Congreso.

Juez y parte en la lucha contra el lavado

Por Sebastián Premici (*)

Los bancos HSBC y Masventas S.A. son las dos entidades que poseen la mayor cantidad de sanciones ante la UIF por haber infringido las normas antilavado. En la Justicia federal tramitan al menos tres causas en queja ante la Corte Suprema por las irregularidades detectadas por el organismo de control relacionadas al HSBC. La abogada patrocinante de este banco es María Eugenia Talerico, la designada por Mauricio Macri y Germán Garavano para ocupar la vicepresidencia de la UIF. De asumir en ese cargo, pasará a ser juez y parte de una serie de causas vinculadas al banco extranjero. Página/12 accedió a los descargos presentados por Talerico ante la Justicia en los que argumenta en contra de la capacidad de sanción del organismo, de la potestad de su Presidente para iniciar sumarios y objeta los montos de las multas establecidos por ley del Congreso. En concreto, plantea la inconstitucionalidad de artículos claves de la norma que persigue el encubrimiento y el lavado de activos (25.246). Pero no está sola en ese camino. El estudio Marteau, vinculado a Mariano Federici, designado por Macri como presidente del organismo, y a Celeste Plee, otra de las incorporaciones de la UIF, utiliza los mismos argumentos que Talerico para litigar en contra de la UIF. Es decir, existe una matriz argumentativa en contra del organismo pensada por quienes ahora pretenden acceder a su conducción.

Los currículos de Talerico y Federici fueron publicados en el Boletín Oficial (BO) el 16 de diciembre, hecho que marcó el inicio del período para presentar objeciones a los nombramientos propuestos por Macri. La audiencia pública para evaluar sus antecedentes será el próximo 18 de enero. El que deberá dictaminar sobre sus perfiles es Garavano, ministro de Justicia, vinculado al estudio Marteau, al igual que Federici, a través de la Fundación Finint. Y Macri es quien decretará sus designaciones, de no prosperar ninguna objeción formal.

Lo que no fue publicado en el BO es la relación de ambos candidatos con los bancos y empresas acusados de lavado de activos. Pero más grave que esas vinculaciones son las afirmaciones en contra del andamiaje jurídico de la UIF, lo que hace suponer que cuando tengan que ocupar el lugar de querellantes –y no de abogados defensores de los bancos– pondrán al Estado en un segundo plano.

Talerico está actuando en al menos tres causas, actualmente en queja ante la Corte, en representación del HSBC. En el expediente al que accedió Página/12 aparece su firma como abogada inscripta T 52 F 955 Cpacf, con domicilio fiscal en Anchorena 1853.

“Se deja expresamente planteada la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 25.246 a la luz de su manifiesta violación a los artículos 14,16,17 y 28 de la CN, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen en este descargo. La inconstitucionalidad se relaciona con la falta de razonabilidad , proporcionalidad y el carácter confiscatorio de la sanción prevista”, sostuvo Talerico en su escrito de defensa del HSBC. La ley mencionada fue sancionada en mayo de 2000, es la que creó a la UIF en el marco de la persecución de delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivos. En junio de 2011 fue modificada por el Congreso, a través de la ley 26.683.

El artículo objetado por la abogada del HSBC es el que establece la pena de multa “de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción”. Y si no llegara a establecerse el valor real de los bienes, la multa puede ir de los 10.000 pesos a los 100.000 pesos. En 2011 también fueron modificados los plazos para la prescripción de la acción de multa (5 años). Los argumentos de Talerico también son compartidos por los abogados del estudio Marteau, en particular en la causa Masventa S.A., en la que intervino Celeste Plee, otra de las designadas por Macri.

Los cambios introducidos a la ley que busca perseguir el lavado de activos fueron aprobados por una amplia mayoría parlamentaria que incluyó al Frente para la Victoria como radicales y macristas.

“La mejor manera de combatir el lavado de dinero, la evasión y la corrupción es a través de una norma que no permita uno de los delitos más aberrantes en materia financiera, como es el lavado de dinero”, argumentaba Alfonso Prat-Gay desde la Cámara Diputados. A la hora de la votación en particular, el artículo 24 –objetado por Talerico–, tuvo la aprobación de Federico Pinedo, Oscar Aguad, Ricardo Gil Lavedra y Gabriela Michetti, entre otros legisladores, todos integrantes de Cambiemos. Lo paradójico de esta situación es que una posible funcionaria de este mismo espacio político abogará por la inconstitucionalidad de la norma, pero dentro del organismo que debe aplicarla.

Otro de los artículos centrales por los que debe velar la UIF, pero fuertemente atacado por Talerico en las causas vinculadas al HSBC, es el 21. Es el que establece que los bancos tienen la obligación de informar ante la UIF la presencia de operaciones sospechosas, independientemente de los montos involucrados, evaluando en cada caso si hay justificación económica o jurídica para realizar determinada operación, ya sea de forma aislada o reiterada.

Para la abogada es ambiguo. “La reglamentación de la ley no estableció pautas claras y objetivas que permitan asignar un contenido concreto al decisivo concepto de operaciones sospechosas. No solo no precisa la acción típica, sino que remite a una sospecha para su configuración y por otra parte remite a un órgano administrativo, la UIF, la precisión de la conducta abarcada en el tipo penal. Se convierte así en una ley penal en blanco en tanto el tipo penal depende de la configuración de un órgano administrativo”, sostiene Talerico dentro del expediente analizado. Es una argumentación en contra de la capacidad de la UIF para evaluar posibles conductas de lavado de activos.

La posible futura vicepresidenta del organismo va más allá al sostener que la ley que rige el funcionamiento de la UIF “se convierte en una clara vía de delegación de la potestad punitiva por parte del Poder Legislativo, motivo suficiente para declarar su inconstitucionalidad, ya que la normativa complementaria, Resolución 10/2004, surge de un órgano sin facultad legislativa”.

El estudio Marteau, de estrechos vínculos con Federici y Plee, utiliza los mismos argumentos que Talerico para litigar en contra de la UIF, donde se tilda de inconstitucional el artículo 24 y 21 de la ley antilavado, y una serie de resoluciones del organismos pensadas para agilizar las tareas antilavado. Plee lo hace en nombre de Masventas S.A. y Talerico, en representación del HSBC.

Una de esas resoluciones es la 111/2012 que le otorgó al presidente del organismo, que durante la gestión macrista podría ser Federici, la posibilidad de iniciar los sumarios contra los bancos sospechados. Sobre esta resolución, Talerico sostuvo: “Este cambio priva a mi defendido de la garantía de ser juzgado por un órgano colegiado integrado antes de los hechos de la causa, de carácter técnico, integrado por funcionarios designados por las distintas ramas de la administración nacional vinculadas con la prevención del lavado de dinero”.

Los textuales publicados en esta crónica corresponden a tres causas vigentes, en queja ante la Corte y de una cantidad similar de sumarios ya abiertos dentro de la UIF. Si Talerico y Federici acceden a sus cargos quedarían ubicados de los dos lados del mostrador.

El equipo y el plan

“Ya sabemos que viene (Mariano) Federici a la UIF, ¿quién va a ser su vicepresidente?”, se preguntaban en la UIF hace un mes. “No sé, ese lugar es de Garavano.” La respuesta la daba Juan Paso, quien oficia de asesor del designado por Mauricio Macri para hacerse cargo del organismo antilavado. Todavía en Estados Unidos, en su oficina ubicada en el edificio del Fondo Monetario Internacional, Federici envió a su asesor Paso y a Ignacio Hagelstrom para tener los primeros contactos con el personal del organismo. Hagelstrom será el secretario general ejecutivo de la UIF. Hasta hace quince días era el coordinador académico del posgrado del estudio Marteau. En ese posgrado, organizado en conjunto con la Fundación Finint, participan como docentes los jueces Claudio Bonadio, Ariel Lijo, el fiscal Raúl Plee, Federici y Garavano. Paso y Hagelstrom fueron los que comunicaron dentro del organismo que Celeste Plee, del estudio Marteau, ingresaría a la UIF como responsable del área de fiscalización. Pero hay más nombres que se van sumando. Uno es el de Federico Di Pasquale, quien posee un cargo en el Ministerio Público Fiscal, y trabajó junto al fiscal Raúl Plee.

Durante el primer semestre de 2015, Di Pasquale solicitó una licencia psiquiátrica en el MPF, mientras que en la segunda parte del año presentó otros certificados médicos para llevar adelante una jornada reducida. Ahora es candidato a ocupar la dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF. Di Pasquale pretende negociar que parte de su sueldo sea cubierto por el MPF, o que la UIF le iguale su actual salario de 80.000 pesos. Quien también fue convocada al organismo antilavado es Ana Durañona, del área antilavado de la Superintendencia de Seguros.

Una de gerencias claves del organismo es la de Sistemas, en donde confluye la seguridad informática, ya que todo pasa por el entrecruzamiento de datos. El sistema de ROS es online, y la matriz de riesgo funciona bajo el paradigma del procesamiento de datos. La actual matriz de riesgo fue confeccionada por gerentes de la UIF, con sus correspondientes equipos formados dentro del organismo. Sin embargo, Garavano y Macri piensan incorporar a Néstor Perrone, un oficial de la armada de caballería, que estuvo 19 años en el Ejército. Egresó del Colegio Militar en 1988. Desde marzo de 2015 trabaja en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se ha desempeñado como jefe de seguridad corporativa en Volkswagen Argentina (2010-2013), Hanesbrands Argentina S.A (2009-2010), y asesor de seguridad integral en Alpargatas (2007-2009).

Otra de las movidas que pretenden llevar adelante en la UIF es disolver la Dirección de formación y comunicación institucional. Lo que podría estar detrás de esta reestructuración es que las capacitaciones queden a cargo de los “sujetos obligados”, es decir, el conjunto de abogados que trabajan junto a las empresas y bancos que suelen ser investigados por la UIF. Si las capacitaciones de la UIF pasan a manos privadas, podrían quedar también bajo la órbita del estudio Marteau y sus posgrados junto a la Fundación Finint, cuyos docentes son Garavano, Plee y Federici, entre otros.

(*) Publicado en Página 12 el Lunes 4 de enero de 2016.-

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