Editorial -

La AEA exige un nuevo Punto Final

Las centrales empresarias están alarmadas por la comisión parlamentaria que va a investigar la pata civil de la dictadura y el silencio de Scioli sobre el tema. Los allanamientos a Techint, los jueces no adictos y el ataque a Verbitsky.

Por Roberto Caballero (*)

El mundo empresario, los dueños del poder y del dinero del país se preguntan cuánto de kirchnerismo hay en Daniel Scioli. En verdad, el acertijo cautiva a mucha más gente. Pero es, sobre todo, al establishment, que ya da por ganador al bonaerense en las elecciones presidenciales en cualquier cóctel que los reúna, el que intenta descifrar qué parte de su proyecto incluye o está influido por las decisiones de Cristina Kirchner y su modelo político, económico, social y cultural.

Los obsesiona determinar cuál es el grado de novedad y cuál el componente de continuidad a partir del 11 de diciembre. En qué porcentajes podrían variar, si es que varían, las políticas públicas que se aplicaron en estos últimos 12 años. Los desorientan hasta la molestia gástrica, por ejemplo, los gestos del actual gobernador y candidato, que denotan sintonía retórica con su antecesora. No dice exactamente lo mismo que ella, ni plantea los temas con su énfasis, pero nunca se desmarca de sus enunciados principales.

Hay un Scioli que, a la vez que los seduce, los inquieta. Porque claramente Scioli no es lo mismo que la presidenta que los desvela por su actitud desafiante permanente, pero tampoco adivinan en el discurso del candidato del FPV la actitud claudicante que esperaban de él, después de haber apostado a un fin de ciclo inexistente cuando se lee con atención lo que ocurre en el firmamento electoral.

Es muy difícil, casi imposible, estar en la cabeza de Scioli. Están los que ven en él a un paciente maratonista del poder que espera llegar a Balcarce 50 para producir los cambios de forma y de fondo que sepulten el estilo y el proyecto K; y los que juran y perjuran que será custodio manso de un modelo que, según todos los pronósticos, lo puede catapultar nada menos que a la presidencia de la Argentina con una herencia que no es incendio económico, tumulto social o deuda, como antes pasaba, y sólo basta con revisitar la historia reciente para valorar este presente.

Pero Scioli habla a través de Scioli. Y lo que Scioli dice hoy no choca, sino que se enlaza, se encadena con lo que Cristina Kirchner viene diciendo desde que es presidenta y líder del peronismo, pese a los Urtubey y los Blejer que asoman. Eso preocupa mucho a las centrales empresarias y, por carácter inverso, tranquiliza mucho a los beneficiarios de las políticas públicas del modelo.

Potencia al candidato que no se pelee ni confronte en modo directo con la presidenta que se retira de la Casa Rosada con un nivel de aprobación que supera el 50 por ciento. Por simple olfato político o por ubicua ambición, no importa: lo relevante es que se pone en el centro de un dispositivo que comprende los márgenes de una oferta electoral exitosa que incluye la inédita adhesión entre sus votantes a la figura de Cristina Kirchner.

También refuerza su perfil que lo haga desoyendo a los editorialistas de los diarios opositores, que lo que quieren es hacerlo perder o condicionarlo para que gane perdiendo. Se advierte allí un grado de autonomía interesante, como el que demostró, también, al no prestarse al supuesto debate que abrió el periodista de Clarín Marcelo Bonelli en la Facultad de Derecho y reunió a todos los que compiten por el segundo puesto. O, mejor dicho, a la alianza del cada vez más remoto balotaje. La impresión a destiempo es que el Scioli de hace dos años habría acudido para charlar de igual a igual con Mauricio Macri o Sergio Massa porque todos estaban dentro del pelotón de sucesores probables. El nuevo Scioli, el que hereda tres gobiernos kirchneristas con saldo mayoritario positivo y, con eso, la chance de victoria asegurada, evitó la emboscada de los que corren desde atrás. Estuvo muy kirchnerista su decisión.

Lo cierto es que mientras la oposición política discute la cadena nacional de CFK como todo horizonte de crítica posible a lo que en verdad concita el apoyo ciudadano, el núcleo duro del poder empresario intenta marcarle la cancha al nuevo gobierno en temas sensibles. Están, claro, los devaluadores compulsivos, que funcionan en base a una táctica rentística que ven en el drástico ajuste del tipo de cambio (sinónimo de rebaja salarial) la oportunidad de llevarse millones al bolsillo de la noche a la mañana.

Y los que ven un poco más lejos y no confunden lo urgente (la necesidad de aumentar su patrimonio) con lo realmente importante: no perder el poder de obligar a los gobiernos democráticos a hacer lo que ellos quieren. Estos últimos ven con temor tres cosas:

1) La comisión bicameral parlamentaria que se propone investigar la pata civil de la última dictadura.

2) El allanamiento ordenado a las oficinas de la empresa Siderar (Techint).

3) El nombramiento de nuevos jueces que no provienen de la familia judicial tradicional que ha funcionado hasta ahora como trinchera de sus intereses corporativos.

Del primero de los puntos se encargaron la UIA, la AEA y el Foro de la Convergencia Empresarial. Todas centrales empresarias manejadas hoy por Arcor, Techint, Clarín y La Nación, que han desplegado un lobby público y privado que busca deslegitimar las funciones de una comisión parlamentaria creada con el voto mayoritario de los legisladores, salvo por la abstención de los 14 del PRO de Mauricio Macri.

¿Qué esconden? ¿Por qué se inquietan? Ya pasaron 32 años del fin de la dictadura. En teoría, los hechos que se les imputan quedan lejos. El problema que tienen es que hay casos donde se los acusa por delitos de lesa humanidad que tienen carácter imprescriptible. La derogación de las leyes de impunidad hace una década tuvo un impacto contundente sobre los militares genocidas. Pero hay una segunda generación de reclamos por Memoria, Verdad y Justicia que escala de los grupos de tareas a sus beneficiarios o autores ideológicos, donde aparecen, entre otros, propietarios o accionistas de empresas que eran poderosas entonces y hoy lo siguen siendo.

Las centrales empresarias quieren un punto final a esas investigaciones. Lo dicen abiertamente a través de sus documentos y sus propios diarios. Empero, las señales que reciben de la política por estas horas no son nada alentadoras. Con Macri o Massa, quizá podían entusiasmarse. Incluso, con el Scioli de hace un par de años. Con el actual, dudan. Porque ya se sabe, lo sostiene el propio sciolismo: “A Daniel no lo entiendan tanto por lo que dice, sino por lo que hace”.

La secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que dirige Guido Carlotto, acaba de publicar dos libros con sello de la gobernación de Daniel Scioli que marcan una continuidad clara con las políticas de Derechos Humanos del kirchnerismo. Ambos en el marco de la colección “Cómplices del terror” y editados por MeJeVu, flamante editorial del organismo. El primero se llama “Participación Empresarial en la última dictadura cívico-militar”, coordinado por Matías Moreno y elaborado por María Victoria Lucero y Juan Manuel Ardenghi, que enumera los casos de Loma Negra, Mercedes Benz, Astarsa, Dálmine Siderca y Ford. El segundo, “Palabras, silencios y complicidades. La construcción del discurso legitimador durante la última dictadura cívico-militar argentina”, coordinado por Marina Vega y también elaborado por Lucero y Ardenghi, que aborda los casos Papel Prensa, La Nueva Provincia, El Día y El Popular.

Son instrumentos de información ciudadana imprescindibles. Documentos que explican el papel rector, legitimador y estimulante que tuvieron muchas empresas con el Terrorismo de Estado que devoró a una generación completa de argentinos con el objetivo de cambiar la matriz económica del país, sentando las bases sociopolíticas y culturales del neoliberalismo que arrasó con todo. A más de un empresario comprometido con los ilícitos le deben haber caído como piedra, sobre todo por el sello naranja de su borde inferior: “Gobierno Daniel Scioli”.

El punto dos fueron los allanamientos a Siderar, una firma de Techint, en su planta de Campana y en oficinas de Capital Federal. La misma empresa informó: “El allanamiento a Siderca tuvo como finalidad el requerimiento y preservación de documentos, que podrían ser utilizados en el marco de futuras acciones judiciales (…) Los papeles revisados tienen que ver con posibles investigaciones de hechos ocurridos durante el período 1974-1976 y el período 1976-1983”. Los juzgados intervinientes son el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián Gonzalez Charvay, y el Juzgado Federal de San Martín, a cargo de Alicia Vence. Lo que investigan, entre otras cosas, algo omitido por el comunicado corporativo, es el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención dentro de las propias instalaciones de la empresa y la desaparición de operarios señalados por sus departamentos de recursos humanos.

Y el punto tres fue el nombramiento como juez del ex fiscal Guillermo Friele a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 30 de la Capital Federal. La Nación lo recibió con el siguiente título, en su edición de ayer: “Designan juez a un fiscal ligado a Gils Carbó”. Y resaltados de este tipo: “Un magistrado vinculado al kirchnerismo”, “Papel Prensa: pidió indagar a Ernestina Herrera de Noble, de Clarín, y al director de La Nación, Bartolomé Mitre”, “Firme defensor del sistema acusatorio. Adhirió a Justicia Legítima”.

La alarma es evidente. Comisiones parlamentarias activas creadas por el voto mayoritario de los legisladores, allanamientos en empresas que no esperaban y nombramientos de jueces independientes de los poderes fácticos.

Todo esto, para peor, sin que Scioli haya dicho nada para desmarcarse de lo que estos empresarios adjudican a una escalada que pretende sentarlos en el banquillo de los acusados, sin coronita. Por eso están desconcertados. Siguen preguntándose con asombro cómo es posible que, aun cuando Cristina Kirchner abandone la presidencia en dos meses, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no retrocedan.

Los ataques a Horacio Verbitsky forman parte del contrataque de estos mismos grupos. El libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura que Verbitsky escribió junto a Juan Pablo Boholavsky fue la base argumentativa de la ley que creó la Comisión Bicameral impulsada por el diputado del FPV Héctor Recalde. En su contratapa puede leerse: “Coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices, beneficiarios son algunos de los posibles formatos de estos vínculos, que deben ser esclarecidos. En lo que constituye una investigación pionera que logra reunir información sustancial pero dispersa hasta ahora, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, junto con un equipo de prestigiosos autores, sacan a la luz los casos de complicidad civil y económica con la dictadura. Esos casos involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino. La trama se completa con corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; los grandes prestamistas internacionales, como el Citybank y el Lloyd’s Bank, que colaboraron con el descomunal endeudamiento del país en ese período; los think tanks como FIEL o CEMA, que aportaron hombres e ideas a la dictadura; sectores de la cúpula sindical; operaciones mediáticas de diarios como La Nueva Provincia, Clarín o La Nación, o la impactante actitud de la cúpula de la Iglesia católica, que, mientras bendecía la represión, aprovechaba los cuantiosos beneficios que recibía de los militares”.

El Nunca Más, aquel libro pionero en la visibilización de los crímenes de la dictadura, visto a la distancia, hoy es un libro incompleto. Hay toda una nueva biblioteca que suma las partes que faltaban al relato sobre el Terrorismo de Estado, sus perpetradores y sus autores intelectuales.

Esa nueva narrativa, basada en prueba documental y judicial irreprochable, permite entender por qué, como dijo la presidenta, ningún cementerio privado quería recibir los restos de Videla, al mismo tiempo que Martínez de Hoz descansaba a pocos metros sin necesidad de clandestinaje u ocultamiento.

Mientras se juzgó a los militares represores, los empresarios que alimentaron la barbarie quedaban fuera de foco. Ahora les llega el turno democrático. Es cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano.

Y Scioli, para preocuparlos más todavía, en este tema, no parece querer hacer algo muy distinto a lo que se vino haciendo hasta ahora. Incluso habló de un Ministerio de Derechos Humanos. Por cálculo o por convicción, poco interesa. Lo bueno de todo esto es que, según todo indica, parece no querer ponerse la historia de sombrero.

(*) Publicado en Tiempo Argentino el 11 de Octubre de 2015.

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