Editorial -

Callejeros

Por Horacio Verbitsky (*)

El control de la calle ha sido clave para la permanencia de los gobiernos hasta la conclusión de su mandato. Todos los intentos para empujar a Cristina hacia la puerta de salida han fracasado porque a diferencia de Alfonsín, De la Rúa y el ex senador Duhalde, la presidente conserva niveles de adhesión en su propia base social que actúan como estabilizadores contra aquellos embates. Para anularlos, la histeria instalada en el último mes, con fuerte eco internacional, debería complementarse con la movilización de los indignados porteños. La muerte de Nisman conseguiría así lo que no pudieron la crisis económica y su reflejo social, atenuado por las políticas oficiales. Este es el sentido de la marcha convocada por los fiscales, cuyos líderes son Ricardo Sáenz, Germán Moldes y Raúl Plee. Todos ellos tienen tremendos agravios contra la presidente y la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Cuando asumió su cargo, Gils Carbó recibió la visita de Moldes, el jefe de la célula de Comodoro Py, donde lo comisionó la SIDE pocos días después del atentado a la DAIA. Antes había sido el viceministro del Interior de José Luis Manzano e intervino en el irregular ingreso al país de los traficantes de armas y primos políticos de Menem, Monzer y Ghazan Al-Kassar. Sin alzar nunca la voz, Moldes le informó a la Procuradora: “Recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país”. A Sáenz, Gils Carbó le abrió un expediente disciplinario a raíz de las grabaciones ordenadas por el juez Juan Ramos Padilla sobre el teléfono de un comisario corrupto, en el que se recibieron numerosas llamadas del fiscal, quien le sugirió cómo aliviar su situación, con ayuda de uno de los tantos jueces federales que giran en la órbita de la Secretaría de Inteligencia, Luis Osvaldo Rodríguez, quien cumplió con la protección prometida, de modo que el procedimiento no avanzó. Como fiscal de Cámara, Sáenz tiene acceso al expediente por la muerte de Nisman que instruye Viviana Fein y es la más probable fuente de las filtraciones que abastecen las primicias de Clarín. El episodio Capitanich muestra, entre otras cosas, que el gobierno vuela a ciegas. Coleccionista de souvenirs del nazismo, Rodríguez instruye la causa abierta por la denuncia de la exposa de Nisman a raíz de la marca en su frente en un ejemplar de la revista Noticias. En la Cámara Federal, Gils Carbó designó otros dos fiscales, que podrían moderar el poder absoluto de Moldes sobre los tribunales federales, pero una cautelar impidió que asumieran. A Plee, lo relevó de la ineficaz Unidad Fiscal para la Investigación del Lavado de Dinero (Ufilavdin), y lo reemplazó por Carlos Gonella, a cargo de la nueva Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Plee en años. Esa es también la razón de la ofensiva contra Gonella del juez Claudio Bonadío, cuya prohibición para salir del país ya fue revocada por la Cámara Federal. Moldes y Bonadío formaban parte del mismo grupo político que Manzano, Corach y Anzorreguy. También es irónico que la marcha de los fiscales callejeros se escude en Nisman: tanto Plee como Moldes obstruyeron la investigación de los encubrimientos en la causa AMIA. En septiembre de 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Corach y Carlos Rückauf, a varios funcionarios del juzgado de Galeano y a policías federales y bonaerenses. Memoria Activa apeló, pero el fiscal Patricio Evers consintió esas decisiones. Cuando las víctimas recurrieron a Nisman, el fiscal especial les dijo que no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento consentido por Evers. Por supuesto, Evers es otro de los convocantes a tomar las calles, igual que su colega Gerardo Pollicita, quien ahora está a cargo de investigar la denuncia de Nisman contra Cristina. Pollicita es el fiscal que cerró la causa abierta por la denuncia de Gustavo Beliz contra Antonio Stiusso, en una resolución en la que no se privó de llamar irresponsable al ex ministro. Otro vocero de la marcha de los fiscales es Guillermo Marijuan, el candidato de Sergio Massa a la Procuración General. En una nota dirigida en mayo de 2013 a Gils Carbó, Memoria Activa señaló “como desaprensiva” la actuación de Plee, quien “no hizo nada durante tantos años para acelerar el trámite del expediente”. También reclamó ante la CIDH, porque los secretarios de la fiscalía no estaban presentes en las audiencias por el encubrimiento. Nisman les dijo que no contaban con la autorización de Moldes, a quien Hugo Anzorreguy designó en julio de 1994 fiscal ad hoc para el caso AMIA. Ya entonces, Moldes instaló la pista iraní sugerida por la CIA y el Mosad y adoptada con entusiasmo por la SIDE. Moldes fue quien mostró ante las cámaras de televisión un fragmento de la supuesta Trafic bomba, cuya existencia está más que en duda. En mayo de 2013, Memoria Activa denunció a Gils Carbó que Nisman, Moldes, Plee y Evers no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad. En el último aniversario del atentado, el 18 de julio de 2014, Diana Malamud dijo frente a la sede de la Corte Suprema que Nisman “ha demostrado su total incapacidad para investigar en esta causa” y que se desentendió del “encubrimiento porque ahí están procesados sus ex compañeros de trabajo”. En cambio prefirió limitarse a los acusados iraníes que “están a 13.778 kilómetros de distancia”. En diciembre, cuando Nisman presentó su denuncia contra CFK y Timerman, Memoria Activa repudió “el uso y abuso que se ha hecho de la causa AMIA en estos 20 años, para dirimir cuestiones políticas que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y Justicia” y en forma categórica afirmó: “Al fiscal Nisman, responsable de las investigaciones, no le creemos nada. Hemos pedido en los últimos años, en reiteradas oportunidades, su remoción con claros y rotundos argumentos y nada ha sucedido. Es público y notorio que ha utilizado los enormes recursos que ha tenido su fiscalía para fines que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la masacre de nuestros familiares y amigos. Su presentación del día de ayer ante la justicia claramente refiere a una interna dentro de los servicios de inteligencia, a la que aparentemente le ha dedicado los últimos años”. Luego de la muerte del fiscal la entidad solicitó a la Procuradora que sancionara a Moldes y Plee. Cuando CFK relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el GAFI, este especialista en lavado de dinero pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por ese delito. En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del ex fiscal antilavado. La idea de que todos los problemas se resuelven con el apartamiento y la denuncia de Antonio Horacio Stiuso desdeña esta compleja trama que sólo puede conjurarse con una profunda reforma institucional.

 

(*)Publicado en Página 12 el 8 de febrero de 2015.