Opinión

El fin de ciclo de Magnetto y Noble

Por Roberto Caballero

Cómo se decidió la operación de escisión del Grupo Clarí­n SA que pretende aprobar el 30 de junio en asamblea de accionistas para cumplir con lanota caballero Ley de Medios de la democracia. El viaje del CEO a Nueva York y la congoja de Pagliaro, uno de los socios. La actitud vigilante de la AFSCA, la CNV y la UFI. ¿Para quién queda Papel Prensa?

La noticia es impactante por su fuerte contenido simbólico y práctico. Quizá sea la más relevante luego del fallo que resolvió la constitucionalidad plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). “Magnetto y Herrera de Noble se van de Clarí­n para adecuarse a la Ley de Medios”, tituló Tiempo Argentino. “El Grupo Clarí­n presentó su propuesta de nuevos accionistas”, dijo Clarí­n. “El Grupo Clarí­n quedó dividido en dos partes con socios diferentes”, publicó La Nación; y Página/12 decidió titular: “Los nombres de la división de Clarí­n”.

En sí­ntesis, con su informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentado el miércoles 14 de mayo y su notificación a la AFSCA dos dí­as más tarde, los accionistas del Grupo Clarí­n S.A., cotizante en las bolsas de Buenos Aires y Londres, iniciaron formalmente el proceso comercial y legal para subdividirse y desprenderse de todos sus excesos frente a la ley que combatieron ferozmente durante cinco años.

La concentración empresarial en materia de comunicación entró en su fin de ciclo; y con él, su máximo exponente, el hacedor de un modelo de negocios que empieza a conjugarse como tiempo pasado, Héctor Magnetto. La nueva ley democrática, que cumple con todos los requisitos exigidos por el sistema interamericano de DD HH en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación, ya no le permite mantener su oligopolio.

Las interpretaciones pueden ser dispares, más cautas o más optimistas, con perspectivas más legalistas o exclusivamente polí­ticas, pero sin dudas el paso que dio el Grupo Clarí­n S.A. y se conoció este viernes va en un sólo sentido: la adecuación a la LSCA dispuesta por sus accionistas directos e indirectos, escenario que se abrió con un viaje de Magnetto y Lucio Pagliaro a Nueva York, el 21 de abril, para presentarse ante un notario público estadounidense, prueba del grado de extranjerización de los ’90 que todaví­a rige el mercado local de la comunicación.

De las 30 páginas del documento que entregó Marí­a de los Milagros Páez, la apoderada del holding, lo que surge como novedad inmediata es que el oligopolio decidió aplacar la visceralidad de sus escritos previos. Hay un lenguaje frío, técnico, de negocios, que parece haber enterrado el diccionario bélico que habí­a usado hasta ahora.

La capitulación verborrágica puede también advertirse en la crónica sin firma de Clarí­n de ayer sobre la noticia: “El Grupo propuso que los cuatro accionistas controlantes se dividan en dos empresas principales, que serán continuadoras de Cablevisión y de los medios periodí­sticos del grupo. En tanto que otras cuatro unidades se venderán a terceros, dentro del plan de adecuación a la ley de medios”.

Ya no es “Ley de medios K”, ni de “control de medios”, ni “ley mordaza”, ahora es “ley de medios”, a secas. Hay un notorio avance pretendidamente democrático en la prosa.

El periodista de La Nación José Crettaz, implacable crí­tico de la LSCA, en su nota de ayer también introdujo este ánimo pacificador como si de golpe se le hubiera elevado la cuota de “Francisco en sangre”: “Los cuatro socios controlantes del Grupo Clarí­n decidieron dividir en dos la empresa para cumplir con las disposiciones de la ley de medios (ˮ¦) Aprobada en 2009 y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema en octubre de 2013 establece múltiples topes a la cantidad de licencias de TV por cable en compatibilidades cruzadas entre la propiedad de distintos tipos de medios que hicieron completamente ilegal la actual configuración del grupo empresario”. ¿La Nación tratando de “ilegal” a su socio en Papel Prensa, si no se adecúa? Leer para creer.

Claro que no todas son rosas. También puede leerse: “La propuesta de escisión, que ya está en manos de la CNV, desconcertó a la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que hasta último momento especuló con que el grupo presentarí­a como nuevos titulares a los herederos de los actuales accionistas, una versión que hizo circular públicamente el socio minoritario del Grupo Clarí­n en Cablevisión, David Martí­nez”.

El que especuló con esa posibilidad, primero que nadie, fue Jorge Fontevecchia, CEO del Grupo Perfil, a través de su bisemanario; y no el AFSCA, que conduce Martí­n Sabbatella. Es raro que se hable de desconcierto del órgano de aplicación de la ley, cuando Este tendrá la última palabra sobre el proceso de adecuación que todo indica comenzó este viernes. Aún se desconoce a manos de quiénes irán las otras cuatro unidades de negocios, que Clarí­n tiene que poner a la venta a terceros. Todo, finalmente, será analizado por los equipos técnicos y jurí­dicos de la AFSCA y la CNV.

Según el material que presentó el Grupo Clarí­n S.A., integrado por los accionistas ELHN Grupo Clarí­n New York Trust, HHM Grupo Clarí­n New York Trust, LRP Grupo Clarí­n New York Trust, José Antonio Aranda, Aranlú S.A., GS Unidos LLC, Ralph Booth II, el holding se va a dividir en dos grandes unidades de negocios. La Unidad 1, que queda para los socios José Aranda y Lucio Pagliaro (a los efectos legales, Aranlú S.A., LRP Grupo Clarí­n New York Trust), e integra a Artear (Canal 13), Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche, la señal de noticias TN y Radio Mitre de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, más las 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, y aunque no está regulado por la LCSA, con el diario Clarí­n, con el 49% de Papel Prensa, con el 55% de Polka, con el 100% de CIMECO (diario Los Andes y La Voz del interior), el 100% de AGR, Tinta Fresca, Librerí­a Cúspide y el 50%  de Impripost, en sociedad con Techint, entre muchas otras empresas.

Y la Unidad 2, que queda en poder de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble (sus firmas legales son HHM y ELHN New York Trust), que nuclea al cableoperador Cablevisión, más otras 24 licencias de cable, además de la declarada ilegal por la famosa resolución 100 Fibertel, tampoco contemplada en la LSCA.

En teorí­a, Aranda y Pagliaro administrarán las empresas que representan el mayor capital simbólico del grupo (Canal 13, TN, Clarí­n, Radio Mitre, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, entre otros) y Ernestina de Noble y Magnetto ˮ“en sociedad con Fintech, de Martí­nezˮ“ se refugian en la cableoperadora y sucedáneos que generaban el 70% de la facturación de todo el grupo hasta ahora. De hecho, en medio de la crisis económica tan fogoneada por sus medios y licencias, los accionistas le informaron a la CNV que antes del 28 de mayo y antes de la escisión se van a repartir dividendos por 80 millones de pesos producto del ejercicio 2013. Mucha plata para un grupo que se dijo “jaqueado” por el gobierno, que se queja en la misma presentación por “la baja valoración del Grupo Clarí­n debido al deterioro valuatorio de las empresas argentinas en general y las contingencias y trabas regulatorias y judiciales que afectan a los negocios de la sociedad en particular”.

Quedan pendientes cuatro unidades que tendrán nuevos dueños sin ví­nculos legales entre ellos, ni con los viejos accionistas, según la ley. La Unidad 3: con un porcentaje de Cablevisión que incluye 18 licencias de TV por cable y una licencia de TV por suscripción con uso de espectro. La Unidad 4: son señales de cable, entre ellas, TyC Sports, TyC Max, El Trece Satelital, Magazine, Volver, Quiero Música, Canal Rural y Metro. La Unidad 5: son radios del interior, FM 99,5 de Tucumán, FM 92,1 de Bariloche, FM 93,3 de Santa Fe y FM 96,5 de Bahí­a Blanca. Y, por último, la Unidad 6: es TV abierta del interior, entre ellas, LU 81 TV Canal 7 de

 

Bahí­a Blanca y LV 83 TV Canal 9 de Mendoza.

El pedido a la CNV para que acepte la escisión conlleva un plazo para la venta de estas cuatro unidades, que es setiembre próximo. En el caso de Martí­nez ˮ“dueño del 40% de Cablevisiónˮ“, no podrí­a venderle su parte a Noble y Magnetto. Circuló la versión de la llegada de una oferta desde Televisa, si es que finalmente es aprobado su ingreso a Telecom.

Aclara la apoderada de Clarí­n: “La conclusión exitosa de la adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual conforme al Plan de Adecuación está sujeta a (ˮ¦) la aprobación en asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Clarí­n, la aprobación en asamblea de accionistas de Cablevisión, la transferencia a terceros de distintas participaciones accionarias, directas o indirectas, de Cablevisión S.A. (ˮ¦) la obtención de las autorizaciones regulatorias de la CNV, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretarí­a de Comercio Interior, la Inspección General de Justicia y la AFIP.” La asamblea extraordinaria del grupo es el 30 de junio.

Es interesante detenerse en la comunicación de los alcances de la escisión que el grupo le hace a su socio estadounidense Ralph Booth II, bajo supervisión ordinaria del Departamento de Estado: “Las transacciones que resultaran en esa composición final de accionistas reflejadas en los puntos a y b precedentes (la división entre Unidad 1 y 2) cumple y cumplirá cabalmente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, especialmente considerando que los accionistas que mantendrán las tenencias de las sociedades participantes en esta reorganización societaria ya han sido reconocidos por AFSCA, autoridad que ha dictaminado que Grupo Clarí­n S.A. cumple con su actual conformación con las condiciones de admisibilidad que exige la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Lo más importante, según le dice Lucio Pagliaro al presidente del directorio, es que “la escisión evitarí­a que la Sociedad tenga que vender las Unidades más relevantes y permitirí­a además que los accionistas minoritarios de la Bolsa puedan mantener entre las dos sociedades escindidas y los negocios no alcanzados por el plan de adecuación aproximadamente el 92,7 de las ventas y el 92,8 por ciento de la ganancia de la Sociedad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones del Grupo Clarí­n S.A. según balances al 31 de diciembre de 2013”.

Tanta escrupulosidad legal. El esfuerzo por confirmar que el grupo “cumple y cumplirá cabalmente” con la LSCA. El plazo del 30 de junio indirectamente impuesto a otros organismos del Estado. Todo da para múltiples lecturas. Los antecedentes de Clarí­n llaman a no abandonar jamás la cautela. Los festejos anticipados siempre están de más.

Pero serí­a torpe no advertir que desde el fallo de la Corte, los márgenes de Clarí­n para evadirse de la ley se han acotado. En la AFSCA hay varios pares de ojos analizando la última propuesta. “No los vamos a dejar que hagan trampa. Va a haber una supervisión técnica, jurí­dica y financiera desde todos los organismos del Estado involucrados para que no se hagan los vivos. Las ventas tienen que ser ventas, las unidades independientes y la desconcentración verdadera”, aseguran, convencidos, en las oficinas más encumbradas del edificio de Suipacha.

Martí­n Sabbatella sabe que su misión es compleja, inimaginable en cualquier otro contexto polí­tico. Su éxito definitivo se traduce en una sola cosa: que Clarí­n se adecúe a la ley. Si además el Estado logra controlar que Cablevisión no le pase plata a Clarí­n, el oligopolio entró en fase crepuscular. Eso depende de la AFSCA, de la CNV y de la Unidad de Información Financiera (UFI), que deberán garantizar que no ocurra. La ley ya hizo todo lo que pudo.

No parece sencillo. Pero en el manual de las prácticas conducentes del kirchnerismo, se sabe que lo imposible sólo demora un poco más.

Y Sabbatella es, ante todo, un kirchnerista convencido de que el camello debe pasar por el ojo de la aguja.   «

 

 

Breve historia de la Ley de Medios

21 puntos básicos

El 27 de agosto de 2004 la Coalición por Una Radiodifusión Democrática presentó los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación” consensuados entre sus integrantes, para una nueva ley de la democracia que remplace a la Ley de Radiodifusión 22.285 de la dictadura. Cuatro años después la presidenta Cristina Fernández recibió el documento en la Rosada.

Proyecto de ley

El 1 de marzo de 2009 la presidenta anunció ante la Asamblea Legislativa el enví­o al Congreso de un proyecto para sustituir la Ley 22.285 de Radiodifusión creada por la dictadura militar en 1980. El 18 de marzo de ese año Cristina Fernández presentó el anteproyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se debatirí­a en los Foros Participativos de Consulta Pública.

La ley de la democracia

El 31 de agosto de 2009 la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la iniciativa que obtuvo la media sanción el 17 de septiembre. Una semana después pasó al Senado de la Nación.  Finalmente, el 10 octubre 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. En Diputados obtuvo 147 votos a favor, cuatro en contra, una abstención y 104 ausencias, y en el Senado, 44 votos a favor y 24 en contra.

Embestida y ratificación judicial

El 26 de octubre 2009 el Grupo Clarí­n acudió a la justicia planteando la inconstitucionalidad de los artí­culos 41 y 161 de la ley. A lo largo de la batalla judicial, los artí­culos cuestionados por el multimedios fueron cuatro: 41,45, 48 y 161. Finalmente, el 29 de octubre 2013: la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Tiempo Argentino

Ciudad de Buenos Aires
El domingo 17 de marzo participamos, por cuarto año consecutivo, de la Marcha de las Antorchas en el barrio de Lugano 1y2 bajo el lema “Iluminemos las calles con memoria” y en unidad con todas las organizaciones del campo popular de la comuna y el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 8.