Opinión

Ni tontas ni locas

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Por Horacio Verbitsky (*)

La orden de Cristina de difundir los datos sobre su sueldo que Parrilli ocultaba y la negociación en el Consejo de la Magistratura que ella supervisó muestran una na13fo01capacidad de rectificación imprescindible para mejorar la relación con la realidad y modificar sus aspectos menos agradables. El rol de Lorenzetti en el Consejo, donde la corporación se alzó con presidencia y vice pero el oficialismo controlará las dos comisiones clave. Los juicios por los crímenes de diciembre de 2001 y La Cárcova.

“¿Cómo se te ocurre?”, preguntó CFK cuando leyó que la Secretaría General había negado la información solicitada por el matutino La Nación sobre los sueldos de la presidente y los de sus ministros, aduciendo que constituían información personal sensible, que su difusión les crearía riesgos de seguridad y estaba cubierta por la ley de protección de datos personales. Es difícil encontrar algo que se ajuste mejor a la descripción de información de interés público que la remuneración de los funcionarios que, además, no tiene nada de escandalosa en sí misma. Su distancia con el sueldo medio de la sociedad es menor que en otros países. Sin embargo, fue necesario el enojo presidencial para que esta obviedad quedara en claro. Oscar Parrilli se vio obligado a rectificar la decisión, liberar los datos y pedir disculpas. Con pocas horas de diferencia, los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura votaron como presidente y vice a los jueces Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo. Esta simultaneidad, sumada al fin de la manipulación estadística sobre los precios al consumidor indican que el tiempo de las correcciones se extiende a todo el gobierno y que no responde a iniciativas aisladas de algunos funcionarios. Se podrá discutir, en cada caso, la causa de la rectificación, su necesidad y conveniencia. Pero es imposible negar la novedad. La capacidad de enmienda es fundamental para mejorar la relación con la realidad, a su vez requisito indispensable para modificar sus aspectos menos agradables, que tienen consecuencias aunque se los ignore u oculte. El derecho de acceso a la información pública fue reconocido en uno de los primeros decretos firmados como presidente por Néstor Kirchner y puesto en práctica hasta extremos risibles. Un profesor de Comunicación que dictó un seminario sobre el tema en la UBA cuenta que un ministro del Poder Ejecutivo Nacional informó sobre los fondos que tenía en el banco, y suministró también su número de cuenta. Pero con el tiempo su aplicación se fue haciendo más indolente, se pasó a requerir lo que se denominó una causa legítima para cada cuestionario y a discriminar según quién fuera el solicitante, con marcada tendencia a la negativa si se trataba de uno de los medios de comunicación interesados en una pronta y catastrófica finalización del gobierno nacional. La rectificación sugiere que el gobierno ha terminado de entender el daño innecesario que se infiere a sí mismo con esas actitudes que terminan asemejándolo a la caricatura que sus más enconados adversarios presentan de él. Ese saludable primer paso debería ser seguido por otros. En estos años tampoco fue posible contar con una ley que obligara a responder con información precisa a los funcionarios de los tres poderes y en todo el país, como reclama hasta hoy una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil.

Un trago amargo

Al asumir sus cargos en el Consejo de la Magistratura el diputado Wado de Pedro y el secretario de Justicia Julián Alvarez anunciaron que procurarían buscar consensos para destrabar el funcionamiento del paralizado organismo. Un paso en ese sentido fue la elección de Sánchez Freytes y Recondo para presidirlo, mientras el Frente para la Victoria obtuvo la presidencia y mayoría en la composición de las decisivas comisiones de Selección de nuevos jueces (a cargo de Wado de Pedro, y cuya secretaria será Adriana Gigena, ex colaboradora de Julián Alvarez) y la de Acusación y Disciplina de los actuales (presidida por la senadora santiagueña Ada Iturrez). No fue fácil. Hijo del abogado histórico de la UOM de Córdoba, a quien todos llamaban el Gordo Lulo, el nuevo presidente del Consejo ha sido un consecuente defensor de la sagrada familia, como se denomina en su provincia a la corporación judicial (por el colegio en el que estudiaron muchos de sus miembros). El padre, Raúl Amílcar, fue desde 1984 hasta su muerte, en 2004, miembro de la Cámara Federal de Córdoba. Sobre su ideología habla el voto que firmó en 1992 al absolver por duda a cinco sindicalistas acusados de atentar contra colectivos durante una huelga: descalificó a los “grupos de activistas que coadyuvaban para el éxito de la holganza” y los llamó “residuos del anarquismo europeo de principios de siglo, entronizados por vía de descalificantes inmigraciones que culminaron con la semana trágica”. El hijo, Alejandro, fue denunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo por negar que la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de detenidos-desaparecidos constituyera un crimen de lesa humanidad. Recondo es un trago más amargo. Subsecretario de Justicia en el gobierno de Raúl Alfonsín, fue el principal negociador del loteo de cargos en la justicia federal con el entonces senador justicialista Vicente Saadi, que presidía la comisión de acuerdos. También hizo todo lo que estuvo a su alcance por abortar los juicios por violaciones a los derechos humanos. Como presidente de la Asociación de Magistrados, proclamó que el reclamo del entonces presidente Néstor Kirchner para que no se siguieran demorando las causas por violaciones a los derechos humanos constituía un “avasallamiento grotesco de la justicia”. En los últimos años, desde la Cámara Civil y Comercial fue uno de los principales operadores del Grupo Clarín contra la vigencia de la ley audiovisual, por lo cual fue denunciado ante la Comisión de Acusación del Consejo.

Voces destempladas

El secretario de Justicia había acordado con el presidente saliente del Consejo, el juez laboral Mario Fera, que lo sucediera el senador kirchnerista Marcelo Fuentes. Pero el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el Consejo debía ser presidido por un juez, cosa que no surge del texto constitucional. Antes había expresado su interés por el manejo de los fondos del Poder Judicial, que ha sido terreno de disputa desde que se constituyó el Consejo. La Constitución atribuye al Consejo “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”. Pero es la Corte la que tiene la última palabra cuando se trata de interpretar la Constitución y esto borra las diferencias (en otros planos tan marcadas) entre Julio Nazareno y Ricardo Lorenzetti. Con esta Constitución, el gobierno y la Corte están condenados a llevarse lo mejor posible. El kirchnerismo aceptó el cambio reclamado por Lorenzetti, cuyo delegado, Germán Krieger, quedará a cargo de los fondos. Cuando Lorenzetti descartó a Fuentes, Fera propuso a Sánchez Freytes, acompañado como vicepresidente por el senador de la UCR Mario Cimadevilla. Alvarez tampoco lo objetó. Pero el jueves, se produjo un fenómeno notable. Bastó que el kirchnerismo declarara su disposición a buscar acuerdos y mantener una relación cooperativa con el resto del Consejo para que se manifestaran todas las contradicciones e inquinas entre quienes no tienen otro punto de unión que la animosidad hacia el gobierno nacional. Hay diferentes formas de concebir la política y hacer valer el peso de la primera minoría, y esta lección no se agota en la Justicia. Cuando llegó el momento de votar, Recondo apareció en la lista en lugar de Cimadevilla. Fera se opuso, porque su lista Celeste aspira a desplazar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios a la gobernante lista Bordó, que integran Sánchez Freytes y Recondo. Ante el pleno del Consejo, Fera y Recondo se trenzaron a los gritos. “Sos un traidor. Faltaste a tu palabra, habíamos cerrado el acuerdo ayer con Lorenzetti y Cabral”, acusó Fera. (Luis Bachicha Cabral es el actual presidente de la Asociación de Magistrados). “Traidor sos vos, que vivís especulando con las ventajas que podés conseguir reservándote como el séptimo voto que desempata”, replicó Recondo.

Más maña que fuerza

Ofendido, Fera se retiró de la votación, pese a lo cual le preservaron la Secretaría de Administración. Después dijo que había habido un pacto entre La Cámpora y la Lista Bordó. Ni tanto ni tan calvo. Los camporistas actuaron dentro de los límites que plantea el funcionamiento de la democracia, en una institución en la que nadie tiene la mayoría necesaria para imponer sus preferencias, lo cual obliga a transigir y acordar. Ya probaron, desde fines de 2012 y durante todo 2013, la resiliencia de la corporación judicial ante las acometidas frontales. Aprendieron, a un alto precio, que alterar rutinas establecidas durante décadas, entrelazadas con intereses personales y de clase requiere algo más que una mayoría legislativa capaz de votar las leyes de democratización de la Justicia enviadas por el Poder Ejecutivo. Ante una denuncia del Colegio Público de Abogados de la Capital la Corte Suprema declaró inconstitucional la que modificaba la composición del Consejo y suspendió la vigencia de varias otras sin siquiera esperar que le llegara un caso en el que alguien las impugnara. Actuó por liso y llano decreto administrativo (Acordada de Superintencia, en la jerga), una tropelía que no mereció ni una observación por parte de los más enardecidos republicanos y paladines de la calidad institucional, ni en la academia ni en la prensa. Los kirchneristas hubieran preferido un entendimiento abierto con los dos legisladores radicales para imponerse sobre los intereses corporativos. Pero Cimadevilla y Oscar Aguad privilegiaron la oposición política al gobierno nacional sobre la posibilidad de cambiar la lógica del Consejo. En todo caso, estarán disponibles para acuerdos puntuales y, sobre todo, invisibles. “Somos como ustedes, pero disimulamos”, dijo un negociador radical a uno peronista. Los kirchneristas no han tenido más remedio que aprender el idioma judiciales y reconocer las relaciones de fuerza para no estrellarse contra paredes evitables. Por cierto, esto no implica cerrar los ojos ante el pedigrí de Sánchez Freytes y Recondo. Sólo no embestir a tontas y a locas, admitir que ésos son los representantes electos por los jueces, cosa que sólo cambiará con el tiempo, a medida que se renueve el padrón correspondiente. Los camporistas no tuvieron ninguna intervención en la pelea entre Fera y Recondo, que obedeció sólo a cuestiones estamentales y escucharon impasibles las palabras de Fera, cuando reveló que la lista a votar se había elaborado en el despacho de Lorenzetti. Que la vicepresidencia fuera para Cimadevilla o para Recondo es de nula relevancia para quienes se interesan por un mejoramiento de la Justicia, en términos de acceso para los sectores populares, de apego por los derechos humanos, de sensibilidad para moderar las desigualdades que surgen de una estructura social asimétrica e injusta. La designación de jurados y la convocatoria a concursos para cubrir dos centenares de vacantes constituirá el principal desafío para todos los miembros del Consejo. De allí surgirán jueces plenos, elegidos por mérito y con acuerdo del Senado, inamovibles mientras dure su buena conducta y no por capricho como un subrogante, que tanto se pone como se quita. Es una pena haber perdido tanto tiempo, pero aun así, más vale tarde que nunca. Menos urgente, porque no hay tantos casos, será el tratamiento de las denuncias contra magistrados que pueden ser sancionados o destituidos. El más notorio es el camarista de Casación Eduardo Riggi, con quien José Pedraza contaba para que el crimen de Mariano Ferreyra quedara impune y la justicia nunca llegara a él. Hay también otras transformaciones, necesarias y posibles, que el gobierno podría impulsar. Mañana comenzará en Mar del Plata un Congreso Federal sobre Reformas Legislativas, convocado por el Ministerio de Justicia. Allí, con representación de la Asociación de Magistrados y de Justicia Legítima, de especialistas nacionales y extranjeros, de jueces, fiscales, defensores, organismos de derechos humanos, se tratará una agenda que incluye un nuevo paradigma penitenciario; las bases del proceso contencioso administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho y la necesidad de un nuevo modelo de proceso penal. Es probable que la cuestión sea abordada también por Cristina al inaugurar las sesiones del Congreso, el próximo sábado, pero sin proyectos cerrados que se arrojan desde el estrado, sino como una invitación al debate para avanzar en conjunto.

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