Opinión

Una semana que duró 30 años

Por Roberto Caballero

Coincidencias históricas entre el kirchnerismo y el alfonsinismo. La sugestiva 52ad1bf0749b4_538x301reaparición de Duhalde con la extorsión policial. Qué dijeron los medios, la oposición y las empresas mientras se llevaba adelante la paritaria sediciosa.

Raúl Alfonsín, líder de la transición postdictatorial, prometió 100 años de democracia. Van 30, que no es poco. El sistema hoy no tiene en el gobierno al más peronista de los radicales, sino a una peronista surgida de la radicalización de los ’70. Pero el juego de palabras no es un divertimento retórico. El alfonsinismo y el kirchnerismo expresan, dentro de dos tradiciones políticas nacionales y populares, como el radicalismo y el peronismo, a sus sectores más dinámicos y menos reaccionarios, capaces también de atraer voluntades sociales emancipatorias que no son radicales ni peronistas. Las dos identidades tienen tanto de diferentes, como cosas en común. Básicamente, en los dos casos, se trata de colectivos políticos-culturales que le asignan a la democracia un valor transformador. También, en ambas corrientes, se recela de los poderes fácticos, a los que identifican como antidemocráticos o corporativos. En ese sentido, sin ser exactamente lo mismo, hay discursos de Alfonsín que se complementan fácilmente con los de Néstor y Cristina Kirchner y viceversa. La reivindicación de la política como herramienta indispensable para empoderar a la sociedad frente a los dueños de casi todas las cosas, emparenta los linajes, aun en la discrepancia. En contextos diferentes, los del alfonsinismo y los del kirchnerismo son los momentos más altos, más intensos y más ambiciosos de la democracia argentina.

No es casual, entonces, que haya sido el radicalismo alfonsinista, con Ricardo Alfonsín y Los Irrompibles a la cabeza, el que asistió con más convicción a los festejos de los 30 años de la recuperación democrática en el Museo del Bicentenario, rodeado de una Plaza de Mayo colmada, en medio del desafío extorsivo y desestabilizador de las policías sublevadas a lo largo y a lo ancho del país. De la 125 para acá, la democracia no enfrentaba un desafío tan complejo. Fue una semana difícil, con un sector pujando por arrastrar el imaginario colectivo hacia las escenas dantescas del pasado reciente y una multitud que se manifestó en las calles superando el miedo. Las críticas a lo inoportuno de la fiesta revelaron, en el mejor de los casos, una incomprensión del momento histórico y, en el peor, la necesidad de relatar una realidad unívoca, donde el desmán y el vandalismo coparan la agenda para ratificar la inutilidad o el fallido de tres décadas de alternancia de gobiernos surgidos de la voluntad popular.
Tampoco es fruto del azar que Eduardo Duhalde, que tuvo que abandonar la Casa Rosada tras los asesinatos de los militantes populares Maxi Kosteki y Darío Santillán, haya rechazado la invitación de la presidenta a sumarse a la ceremonia. Adujo una inexplicada situación familiar que, sin embargo, no le impidió un raid por los programas políticos donde llegó a avalar la revuelta sediciosa diciendo que el saqueo de arriba justificaba el saqueo de los de abajo, mientras promocionaba un libro con el que intentó apropiarse de la figura de Alfonsín.
El piso de TN será más luminoso y amigable que el Museo del Bicentenario para su forma de ver las cosas, pero es indudable que el resentimiento mezquino y no la generosidad motivó su decisión de desertar de la celebración, a la que sí se sumaron Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, que de kirchneristas no tienen nada. Duhalde reaparece cada vez que una crisis asoma queriendo firmar al pie del cuadro trágico.
Porque es interesante poner en relieve qué ocurría en el país por esas horas, cuando Duhalde rechazó la invitación oficial:
• La policía de dos decenas de provincias se autoacuartelaba poniendo en jaque a los gobernadores electos, en medio de una ola de saqueos y muertes que, según sabe la justicia ahora a partir de la evidencia reunida, en la mayoría de los casos fueron promovidos por los mismos alzados. Unos 200 mil policías fuera de control contra los poco más de 40 mil efectivos de las fuerzas federales. En Chaco, en Tucumán, en Entre Ríos, en Chubut y en Córdoba se detectaron mensajes cruzados entre los amotinados y los delincuentes, y en las casas de varios policías se encontraron electrodomésticos robados durante las furiosas jornadas.
• Paolo Rocca, el dueño de la multinacional Techint, pope de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), sin tomar recaudos por el caos, o aprovechándose de él, el martes 10 fustigaba en público el Estado “hipertrófico” por sobredimensionado y dejaba un párrafo raro, que convendría releer: “Entre las funciones propias del Estado hay una función de seguridad, tanto en el funcionamiento rápido, eficiente e independiente del sistema judicial hasta la fuerza de seguridad pública. Un Estado debe tener una permanente mejora en la capacidad de fijar con rigor y orden las reglas de juego.” Parece que el problema no es tanto que sea grande o chico, sino para qué se lo quiere usar.
• En un seminario convocado en Washington por el ala derecha de los republicanos de derecha, reunidos en el CATO Institute, que apoya a los fondos buitre en su batalla contra la Argentina, el economista de la American University, el uruguayo Arturo Porzecanski, declaraba: “Al paso que van las cosas en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner no termina su mandato (…) Ha perdido el control de muchas cosas y sumó también la pérdida del control en las calles. (..) Cuando un gobierno pierde el control de las calles, es lo mismo que escuchar una voz que dice ‘señora, su helicóptero está listo’.” La alusión al 2001 fue de una obviedad lacerante. Hugo Moyano pasó de pedir la paz social, a una curiosa reivindicación de la sindicalización policial reclamada por Salvador Baratta, ex comisario y hoy dirigente massista, señalado por el Ministerio de Justicia de la Nación como uno de los promotores de la revuelta, y su hijo Pablo planteó una suerte de paro camionero con desabastecimiento.
• El papel de los medios hegemónicos también debe tomarse en cuenta. Como en las crisis con el campo, la pantalla partida entre los festejos de la Plaza de Mayo y el descontrol en las calles tucumanas, arrimó agua al molino de las interpretaciones dicotómicas. Los sublevados, esta vez, no eran presentados como héroes de Malvinas, pero sí se extendía un sospechoso manto de piedad hacia los reclamos y sus protagonistas, como si los bajos salarios explicaran la rotura de la cadena de mandos y las vitrinas de los negocios a manos de los violentos. Las declaraciones de Porzecanski fueron reproducidas en La Nación, el diario que le dio un año de plazo a Kirchner cuando asumió para subordinarse a su agenda política si no querían abandonar el gobierno
antes de plazo. En simultáneo con la extorsión nacional de las policías, ese mismo diario desplegó en sus páginas del 9 de diciembre una solicitada temeraria, titulada “60.000 argentinos reclaman”, firmada por el Círculo de ex cadetes del Liceo San Martín, el Círculo de ex cadetes del Liceo General Paz, el Centro de ex cadetes del Liceo Militar General Belgrano, la Fundación Liceísta de Cuyo, el Círculo de ex cadetes del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid, el Centro de ex graduados del Liceo Naval Almirante Brown, el Centro de graduados del Liceo Naval Militar Almirante Storni y el Centro de Egresados del Liceo Aeronáutico Militar, criticando resoluciones del Ministerio de Defensa del gobierno democrático que, en teoría, vendrían a “amenazar” o “desvirtuar” el sistema de formación militar. Para validar sus afirmaciones, los firmantes usaron los nombres de ex liceístas con alta influencia, entre ellos, Jorge Rendo (operador judicial del Grupo Clarín SA) y José Claudio Escribano, autor del pliego de condiciones al Kirchner recientemente electo, desde las páginas de La Nación. Entre las volutas de humo de la sedición, Clarín se dedicó a golpear una y otra vez sobre Amado Boudou, con supuestas revelaciones judiciales a partir de las declaraciones de testigos –ex imputados– en la causa Ciccone. Sus títulos no reflejaron la verdad entrecomillada de sus propias notas. La sensación instalada es que el juez federal Ariel Lijo tendría elementos suficientes para perjudicar la situación del vicepresidente. El fiscal Jorge Di Lello dejó planteado por escrito en el expediente que el magistrado le impidió acceder a las testimoniales, lo cual constituye, más que una rareza, una anomalía improcedente. Habrá que seguir con mucha atención lo que sucede antes de la feria.
• Mientras tanto, una recorrida por los programas políticos del cable suponía un consenso terminal: se justificaba el descontrol uniformado, se hacía responsable al gobierno de los desmanes y el “vacío de poder”, se omitían las explicaciones de los funcionarios y se daba espacio a los voceros sediciosos con naturalidad. En todos los casos, además, se usaban las imágenes de los saqueos para ilustrar profecías autocumplidas relacionadas con la inflación, la inseguridad, la anomia y todos los males remanidos. Se llegaron a utilizar, incluso, tapes del 2001, para asociar los hechos de hace una década con los actuales. La operación de sentido fue en esa dirección de modo descarado. Del chino saqueado a las aspas del helicóptero sobre la Rosada, como sugería el economista Porzecansky desde Washington. Fue una cobertura que osciló entre lo irresponsable y lo siniestro.
En su discurso del 10 de diciembre, la presidenta descartó la teoría del contagio y habló de hechos planificados, algo absolutamente verosímil a juzgar por la coordinación de sucesos y la sintonía opinante de ciertos personajes que juegan a hacer goles con la mano todo el tiempo. Pero si los organismos de inteligencia y seguridad federales no aportan mayores elementos a la justicia en breve, todo puede quedar borroneado en una lectura que será atacada por paranoide. Aun en ese caso, no quita que sea cierta. ¿Puede atribuirse a la casualidad que haya habido muertos en Chaco, territorio de anclaje del jefe de Gabinete Jorge Capitanich; en Tucumán, provincia de Beatriz Rojkés de Alperovich, tercera en la línea de sucesión presidencial detrás del acorralado Boudou; y vandalismo por doquier en Concordia, ciudad entrerriana donde el FPV ganó por el 67% de los votos, pago chico del potencial ministeriable Sergio Urribarri? Suena raro. Nada es imposible, de todos modos. ¿Quién podía suponer que Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de Mauricio Macri, en plena convulsión, se haya ido a jugar un picadito a La Bombonera, el mismo día y a la misma hora en que decenas de miles de hinchas de Boca hacían estropicios en pleno centro porteño, como sucedió hace exactamente un año, poblando las pantallas de nuevas y frescas escenas de rapiña mientras el país era un polvorín? Si eso no es una conspiración contra sí mismo, ¿qué es?
Queda por juzgar con cierta benevolencia la actuación de la oposición política frente a los sucesos generales. El radical alfonsinista Leopoldo Moreau rescató un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque del Congreso, incluida Elisa Carrió, respaldando a los gobernadores frente a la extorsión policial. Preocupa advertir que ese pronunciamiento democrático, a diferencia del cónclave organizado por la Mesa de Enlace que reunió a Patricia Bullrich, Alfredo de Angelis, Eduardo Buzzi, Eduardo Duhalde, Julio Cleto Cobos y Pino Solanas, no ocupó centimetraje en diarios, ni comentarios relevantes en radio y TV. ¿Les pareció, a los editores y productores ejecutivos, irrelevante como noticia? ¿O la intención fue minimizarlo? ¿Fue producto de la desafortunada imprevisión y liviandad de los que deciden de qué y cuánto debe hablarse, o la victoria de la Argentina antidemocrática sobre los reflejos del país aturdido? Esta respuesta está vacante.
Todo lo sucedido ofrece tantas interpretaciones posibles como intérpretes. Desde las más facilistas, que desdramatizan el alzamiento policial y, en cambio, dramatizan la supuesta ausencia de previsión salarial de los gobiernos provinciales, hasta las más elaboradas –por caso, la de la periodista Stela Calloni o del politólogo Atilio Borón– que llegan a hablar de “vandalismo golpista” o “golpes suaves”, y descubren misteriosos hilos conectores entre los sucesos de violencia y las habituales prácticas desestabilizadores de agencias de inteligencia extranjeras expertas en contrainsurgencia, recordando episodios como el conato de golpe contra Rafael Correa en Ecuador y las amenazas de grupos de élite policiales controlados por la DEA contra Evo Morales en la crisis de la Media Luna, donde las fuerzas de seguridad cumplieron el rol que antes ocupaban las fuerzas armadas en el acoso o intentos de destitución de los gobiernos democráticos de raíz popular.
La verdad es que, salvo que haya una decidida e inquebrantable voluntad del Estado Nacional por esclarecer los hechos de violencia e identificar a sus instigadores en la sombras, se corre el riesgo de aguardar tres o cuatro décadas para que el Departamento de Estado de EE UU desclasifique documentos secretos y produzca el efecto de volver cierto e irrefutable aquello que, hasta entonces, parecía integrar la mitología antimperialista, como ocurrió hace poco con los papeles reservados que demostraron, finalmente, que la CIA estuvo, efectivamente, detrás del golpe contra Salvador Allende, financiando, incluso, las coberturas destituyentes del diario El Mercurio, el Clarín trasandino.
En las últimas horas, cierta calma retornó a las calles de la república. Las policías de Salta y La Pampa, tardías en plegarse a los actos sediciosos, abandonaron la protesta después de arrancar aumentos importantes a las arcas provinciales. El gobierno anunció también que estudia una recomposición para gendarmes y prefectos que actuaron como bomberos leales para derrotar las llamas en los diferentes distritos. ¿Será obra del espíritu navideño? ¿Habrá calado hondo el discurso y el acto en Plaza de Mayo, donde una enorme cantidad de gente se manifestó sin temor a las amenzas? ¿O influyó que la Iglesia, a través de Monseñor Arancedo, pidiera en público acabar con la hostilidad policial contra la propia ciudadanía?  Tal vez sea eso, todo junto.
Pero este sigue siendo un diciembre caliente y aún no terminó. El mapa está realmente convulsionado. En La Matanza, Florencio Varela y Esteban Echeverría, después de la última tormenta que arrasó con el tendido y el suministro eléctrico, hay barrios que están surcados por barricadas espontáneas y no tanto, con vecinos enardecidos, a los que la política les resulta ajena, cuando no insultante, como nombrarles a la empresa Edesur, que directamente no atiende sus reclamos. Dirigentes que se mueven por esos territorios no logran contactar con interlocutores válidos. Se declaran impotentes frente a un escenario que existe en la realidad y no es siquiera imaginado por algunos funcionarios con cuotas de responsabilidad en la materia. En una pérdida de gas, metafóricamente hablando, alcanzaría con una chispa para incendiar todo. Además, ONGs que trabajan socialmente en el Conurbano detectaron que existen ofertas de dinero de hasta 200 pesos a jóvenes desocupados para que salgan a saquear el 20 de diciembre, fecha funesta si las hay en la memoria colectiva. La inteligencia que actúa sobre los ofertantes no logra vincularlos con ningún grupo político en particular, como si salieran de debajo de las baldosas. ¿Acaso es la irrupción en la escena vandálica de organizaciones narcos que hacen el trabajo sucio exigido por mandantes de uniforme que pretenden generalizar el caos? Otra respuesta vacante.
Demasiados interrogantes para este fin de año.
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