No es casual, entonces, que haya sido el radicalismo alfonsinista, con Ricardo Alfonsí­n y Los Irrompibles a la cabeza, el que asistió con más convicción a los festejos de los 30 años de la recuperación democrática en el Museo del Bicentenario, rodeado de una Plaza de Mayo colmada, en medio del desafí­o extorsivo y desestabilizador de las policí­as sublevadas a lo largo y a lo ancho del paí­s. De la 125 para acá, la democracia no enfrentaba un desafí­o tan complejo. Fue una semana difí­cil, con un sector pujando por arrastrar el imaginario colectivo hacia las escenas dantescas del pasado reciente y una multitud que se manifestó en las calles superando el miedo. Las crí­ticas a lo inoportuno de la fiesta revelaron, en el mejor de los casos, una incomprensión del momento histórico y, en el peor, la necesidad de relatar una realidad uní­voca, donde el desmán y el vandalismo coparan la agenda para ratificar la inutilidad o el fallido de tres décadas de alternancia de gobiernos surgidos de la voluntad popular.

Tampoco es fruto del azar que Eduardo Duhalde, que tuvo que abandonar la Casa Rosada tras los asesinatos de los militantes populares Maxi Kosteki y Darí­o Santillán, haya rechazado la invitación de la presidenta a sumarse a la ceremonia. Adujo una inexplicada situación familiar que, sin embargo, no le impidió un raid por los programas polí­ticos donde llegó a avalar la revuelta sediciosa diciendo que el saqueo de arriba justificaba el saqueo de los de abajo, mientras promocionaba un libro con el que intentó apropiarse de la figura de Alfonsí­n.

El piso de TN será más luminoso y amigable que el Museo del Bicentenario para su forma de ver las cosas, pero es indudable que el resentimiento mezquino y no la generosidad motivó su decisión de desertar de la celebración, a la que sí­ se sumaron Fernando de la Rúa y Adolfo Rodrí­guez Saá, que de kirchneristas no tienen nada. Duhalde reaparece cada vez que una crisis asoma queriendo firmar al pie del cuadro trágico.

Porque es interesante poner en relieve qué ocurrí­a en el paí­s por esas horas, cuando Duhalde rechazó la invitación oficial:

ˮ¢ La policí­a de dos decenas de provincias se autoacuartelaba poniendo en jaque a los gobernadores electos, en medio de una ola de saqueos y muertes que, según sabe la justicia ahora a partir de la evidencia reunida, en la mayorí­a de los casos fueron promovidos por los mismos alzados. Unos 200 mil policí­as fuera de control contra los poco más de 40 mil efectivos de las fuerzas federales. En Chaco, en Tucumán, en Entre Rí­os, en Chubut y en Córdoba se detectaron mensajes cruzados entre los amotinados y los delincuentes, y en las casas de varios policí­as se encontraron electrodomésticos robados durante las furiosas jornadas.

ˮ¢ Paolo Rocca, el dueño de la multinacional Techint, pope de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), sin tomar recaudos por el caos, o aprovechándose de él, el martes 10 fustigaba en público el Estado “hipertrófico” por sobredimensionado y dejaba un párrafo raro, que convendrí­a releer: “Entre las funciones propias del Estado hay una función de seguridad, tanto en el funcionamiento rápido, eficiente e independiente del sistema judicial hasta la fuerza de seguridad pública. Un Estado debe tener una permanente mejora en la capacidad de fijar con rigor y orden las reglas de juego.” Parece que el problema no es tanto que sea grande o chico, sino para qué se lo quiere usar.

ˮ¢ En un seminario convocado en Washington por el ala derecha de los republicanos de derecha, reunidos en el CATO Institute, que apoya a los fondos buitre en su batalla contra la Argentina, el economista de la American University, el uruguayo Arturo Porzecanski, declaraba: “Al paso que van las cosas en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner no termina su mandato (ˮ¦) Ha perdido el control de muchas cosas y sumó también la pérdida del control en las calles. (..) Cuando un gobierno pierde el control de las calles, es lo mismo que escuchar una voz que dice ˮ˜señora, su helicóptero está listo’.” La alusión al 2001 fue de una obviedad lacerante. Hugo Moyano pasó de pedir la paz social, a una curiosa reivindicación de la sindicalización policial reclamada por Salvador Baratta, ex comisario y hoy dirigente massista, señalado por el Ministerio de Justicia de la Nación como uno de los promotores de la revuelta, y su hijo Pablo planteó una suerte de paro camionero con desabastecimiento.

ˮ¢ El papel de los medios hegemónicos también debe tomarse en cuenta. Como en las crisis con el campo, la pantalla partida entre los festejos de la Plaza de Mayo y el descontrol en las calles tucumanas, arrimó agua al molino de las interpretaciones dicotómicas. Los sublevados, esta vez, no eran presentados como héroes de Malvinas, pero sí­ se extendí­a un sospechoso manto de piedad hacia los reclamos y sus protagonistas, como si los bajos salarios explicaran la rotura de la cadena de mandos y las vitrinas de los negocios a manos de los violentos. Las declaraciones de Porzecanski fueron reproducidas en La Nación, el diario que le dio un año de plazo a Kirchner cuando asumió para subordinarse a su agenda polí­tica si no querí­an abandonar el gobierno
antes de plazo. En simultáneo con la extorsión nacional de las policí­as, ese mismo diario desplegó en sus páginas del 9 de diciembre una solicitada temeraria, titulada “60.000 argentinos reclaman”, firmada por el Cí­rculo de ex cadetes del Liceo San Martí­n, el Cí­rculo de ex cadetes del Liceo General Paz, el Centro de ex cadetes del Liceo Militar General Belgrano, la Fundación Liceí­sta de Cuyo, el Cí­rculo de ex cadetes del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid, el Centro de ex graduados del Liceo Naval Almirante Brown, el Centro de graduados del Liceo Naval Militar Almirante Storni y el Centro de Egresados del Liceo Aeronáutico Militar, criticando resoluciones del Ministerio de Defensa del gobierno democrático que, en teorí­a, vendrí­an a “amenazar” o “desvirtuar” el sistema de formación militar. Para validar sus afirmaciones, los firmantes usaron los nombres de ex liceí­stas con alta influencia, entre ellos, Jorge Rendo (operador judicial del Grupo Clarí­n SA) y José Claudio Escribano, autor del pliego de condiciones al Kirchner recientemente electo, desde las páginas de La Nación. Entre las volutas de humo de la sedición, Clarí­n se dedicó a golpear una y otra vez sobre Amado Boudou, con supuestas revelaciones judiciales a partir de las declaraciones de testigos ˮ“ex imputadosˮ“ en la causa Ciccone. Sus tí­tulos no reflejaron la verdad entrecomillada de sus propias notas. La sensación instalada es que el juez federal Ariel Lijo tendrí­a elementos suficientes para perjudicar la situación del vicepresidente. El fiscal Jorge Di Lello dejó planteado por escrito en el expediente que el magistrado le impidió acceder a las testimoniales, lo cual constituye, más que una rareza, una anomalí­a improcedente. Habrá que seguir con mucha atención lo que sucede antes de la feria.

ˮ¢ Mientras tanto, una recorrida por los programas polí­ticos del cable suponí­a un consenso terminal: se justificaba el descontrol uniformado, se hací­a responsable al gobierno de los desmanes y el “vací­o de poder”, se omití­an las explicaciones de los funcionarios y se daba espacio a los voceros sediciosos con naturalidad. En todos los casos, además, se usaban las imágenes de los saqueos para ilustrar profecí­as autocumplidas relacionadas con la inflación, la inseguridad, la anomia y todos los males remanidos. Se llegaron a utilizar, incluso, tapes del 2001, para asociar los hechos de hace una década con los actuales. La operación de sentido fue en esa dirección de modo descarado. Del chino saqueado a las aspas del helicóptero sobre la Rosada, como sugerí­a el economista Porzecansky desde Washington. Fue una cobertura que osciló entre lo irresponsable y lo siniestro.

En su discurso del 10 de diciembre, la presidenta descartó la teorí­a del contagio y habló de hechos planificados, algo absolutamente verosí­mil a juzgar por la coordinación de sucesos y la sintoní­a opinante de ciertos personajes que juegan a hacer goles con la mano todo el tiempo. Pero si los organismos de inteligencia y seguridad federales no aportan mayores elementos a la justicia en breve, todo puede quedar borroneado en una lectura que será atacada por paranoide. Aun en ese caso, no quita que sea cierta. ¿Puede atribuirse a la casualidad que haya habido muertos en Chaco, territorio de anclaje del jefe de Gabinete Jorge Capitanich; en Tucumán, provincia de Beatriz Rojkés de Alperovich, tercera en la lí­nea de sucesión presidencial detrás del acorralado Boudou; y vandalismo por doquier en Concordia, ciudad entrerriana donde el FPV ganó por el 67% de los votos, pago chico del potencial ministeriable Sergio Urribarri? Suena raro. Nada es imposible, de todos modos. ¿Quién podí­a suponer que Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de Mauricio Macri, en plena convulsión, se haya ido a jugar un picadito a La Bombonera, el mismo dí­a y a la misma hora en que decenas de miles de hinchas de Boca hací­an estropicios en pleno centro porteño, como sucedió hace exactamente un año, poblando las pantallas de nuevas y frescas escenas de rapiña mientras el paí­s era un polvorí­n? Si eso no es una conspiración contra sí­ mismo, ¿qué es?