Derechos Humanos

Masacre de Capilla del Rosario: comienzó el juicio por crímenes de lesa humanidad en Catamarca

capros170809-2Por el asesinato de 14 militantes del ERP, ex militares van al banquillo en Catamarca

Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta y Mario Nakagama, tres ex militares que prestaron servicios en el ya desparecido Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 de Catamarca, comenzaron a ser juzgados este lunes 6 de mayo por delitos de lesa humanidad, acusados de haber participado y colaborado con el fusilamiento de 14 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en agosto de 1974, en un sangriento episodio que se conoció como la “Masacre de Capilla del Rosario”.

El proceso oral y público se desarrolla en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Catamarca, a cargo de los jueces Juan Carlos Reynaga, Gabriel Casas y Carlos Jiménez.

Los acusados, todos actualmente con prisión preventiva, se encuentran imputados de “homicidio doblemente calificado y reiterado, por la intervención de dos o más personas y alevosía”.

La masacre que se ventilará en el juicio ocurrió el 12 de agosto de 1974, en un paraje conocido como “el cañadón de los Walther”, a poca distancia al oeste de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario y a unos diez kilómetros de la capital provincial.

Dos días antes medio centenar de militantes del ERP-PRT, entre los que se encontraban algunos uruguayos TUPAMAROS, salieron a Catamarca con la intención de sustraer armamento del polvorín del regimiento local.  Tras ser descubierto por circunstanciales transeúntes que dieron aviso a la policía, se produjo un enfrentamiento armado y el grupo  se disgregó: Varios lograron volver a los montes tucumanos bajo el mando de Santiago Irurzún, conocido como “Capitán Santiago”, mientras que otros se desperdigaron y fueron detenidos y torturados por la Policía de Catamarca. Una tercera fracción trató de ocultarse en las serranías de Fray Mamerto Esquiú, pero fue descubierta y acorralada por efectivos del RI 17.

Tras rendirse y deponer las pocas armas que llevaban consigo, los 14 guerrilleros fueron fusilados, en medio del monte y lejos de terceros que después pudieran oficiar de testigos. Fueron unos de los primeros pasos del TERRORISMO DE ESTADO en Catamarca que asestó el aparato represivo que apenas un año y medio después se institucionalizaría en el país con el golpe de Estado de 1974.

 

La memoria inviolable

Aunque la masacre de los 14 guerrilleros fue un secreto a voces en el colectivo social, recién en 2004 se radicó una denuncia penal en la Justicia Federal por aquel episodio infame en el que claramente se habían cometido delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.

Fueron integrantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, apoyados expresamente por el entonces Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, materializado a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –entonces en manos de Luis Eduardo Duhalde-, los que llevaron adelante la acusación y comenzaron a reunir testimonios y evidencias. Además, lograron que la Justicia Federal ordenara la exhumación e identificación de cuatro cuerpos que habían sido sepultados como NN en el cementerio local. La tarea, llevada a cabo por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, permitió que los restos de los jóvenes asesinados fueran entregados a sus familiares.

Del cuadro probatorio que surge de un expediente compuesto por catorce cuerpos, surge que Carrizo Salvadores cumplió un rol preponderante en la acción represiva que culminó con el fusilamiento de los compañeros.

Nakagama, en tanto, “cumplía funciones de grado de subteniente y jefe de la sección Morteros Pesados en el RI 17  de Catamarca y realizó acciones necesarias a los fines que se produzca el resultado buscado, que no era otro que el aniquilamiento de los miembros del ERP”, reza en auto de elevación a juicio que realizó el juez federal Ricardo Antonio Moreno.

Sobre Acosta, que actualmente también está siendo juzgado en Córdoba por los homicidios del centro de detención La Perla, se encontraba a cargo de la compañía “B” de tiradores, a la que se le atribuye “el fusilamiento de los insurgentes”, según la acusación oficial.

Habrían de pasar treinta y nueve años y varios gobiernos para que, gracias a una política férrea de Néstor Kirchner por recuperar la memoria, la verdad y la Justicia, que condene la atrocidad de la noche más oscura que vivió el país, se echara haz de luz sobre un vergonzante suceso de la historia argentina reciente.

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