Por Lic. Juan Manuel Abal Medina (*)
LA INICIATIVA LE DA MíS PODER AL CIUDADANO EN LA DEFINICIí“N DE LOS CANDIDATOS Y LA POSIBILIDAD DE CONOCER TODAS LAS PROPUESTAS,NO Sí“LO LAS DE QUIENES CUENTAN CON GRANDES RECURSOS.
El proyecto iniciado el 25 de mayo de 2003 se define principalmente por la democratización política, económica y social de la Argentina, generando equidad en la distribución del ingreso y del poder social. Para eso, nuestro Gobierno ha avanzado en reformas fundamentales que han dado oportunidades a cada vez más argentinos y argentinas: la apuesta por un modelo de producción y empleo; la extensión de derechos sociales; la soberanía política ante los organismos financieros internacionales; la reforma de los medios de comunicación audiovisual, entre muchas otras medidas.
Hoy,esta pelea por la democratización se extiende a las normas que regulan la política, los partidos y las campañas electorales. El objetivo central del proyecto enviado al Congreso es igualar las oportunidades de todas las fuerzas políticas, fortaleciendo a los partidos políticos y transparentando el funcionamiento de las campañas electorales. Es una legislación de avanzada, que retoma elementos ya probados en distintos países de la región y del mundo.
Los partidos políticos de nuestro país colapsaron en 2001 como consecuencia del proceso de pérdida de centralidad de la política que comenzó a mediados de los ochenta.
Cuando las principales decisiones políticas dejaron de ser tomadas por aquellos que habían sido electos para ello, y fueron reemplazados por poderes fácticos internos y externos, la política perdió su relevancia y renunció a transformar la realidad, consagrando las relaciones de fuerzas existentes.
Si bien desde el año 2003 hemos venido recuperando el rol que la política nunca debió ceder, lo cierto es que aún los partidos no se han recuperado plenamente y continúan siendo débiles, presos del personalismo y el oportunismo electoral. Para recuperar a los partidos, el proyecto de ley enviado al Congreso involucra al conjunto del pueblo argentino, quien con su voto no tendrá solamente que optar entre candidatos seleccionados a dedo, sino que podrá realmente elegir dentro de cada partido, de acuerdo a su propia visión del mundo, quiénes son los mejores representantes de sus intereses.
Porque estamos convencidos de que las debilidades de nuestro sistema político se corrigen con más democracia, con más protagonismo popular, con más apertura de los partidos a la sociedad.
En ese sentido, esta propuesta profundiza la democracia en dos grandes sentidos: en primer lugar, como vimos, le da más poder al ciudadano en la definición de los candidatos; y en segundo lugar, le brinda la posibilidad efectiva de conocer todas las propuestas, y no sólo las de aquellos que cuentan con grandes recursos económicos, capaces de pagar costosísimas campañas publicitarias. Con la nueva normativa, todos los partidos podrán presentar sus propuestas de forma equitativa, sin depender de los recursos brindados por empresas y corporaciones.
En democracia, todos debemos tener la misma capacidad de influencia política, y este proyecto busca consagrar ese principio.
El 9 de julio de este año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que “es hora de abordar y discutir una profunda reforma política en la República Argentina, y convocar a todos los sectoresˮ. Esa convocatoria plural, amplia, abierta, fue realizada inmediatamente. El ministro Florencio Randazzo encabezó un proceso de diálogo político del que participaron casi todos los partidos con representación parlamentaria, organizaciones de la sociedad civil especializadas y académicos que trabajan temas político-electorales. Las propuestas que integran el proyecto enviado al Congreso surgieron de ese ámbito, de los debates y los consensos alcanzados en dichas reuniones con las autoridades y los técnicos de los partidos políticos.
Tal como los manifestó la Presidenta en su convocatoria al diálogo, todos los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar por “un nuevo protagonismo de los partidos políticosˮ en la Argentina.
Para esto, este proyecto establece, en primer lugar, la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde todos los votantes participen de la selección de los candidatos a cargos nacionales.
En Uruguay rige un esquema como el propuesto desde 1997, y los partidos son indudablemente más fuertes e institucionalizados que antes, y la ciudadanía se ha involucrado más en los asuntos públicos. También la provincia de Santa Fe constituye una valiosa experiencia de aplicación de un sistema similar.
En segundo lugar, la implementación de este sistema impide que quienes sean derrotados en una primaria compitan en la elección general, evitando la proliferación de sellos electorales que se crean para cada comicio y carecen de inserción efectiva en la sociedad.Así, se fortalece a los partidos como herramientas de participación popular en los asuntos públicos, en desmedro de partidos flash meramente personalistas. Los auténticos partidos, con militancia, identidad y programa político podrán desarrollar su tarea con mayores recursos y capacidades; los sellos de goma no podrán seguir multiplicándose como en los últimos años.
En tercer lugar, con el mismo objetivo de garantizar que los partidos políticos cuenten con una representatividad real en la sociedad, se elevan los requisitos para la constitución de un partido, se fortalecen los mecanismos de control sobre dichos niveles de afiliación y se eleva el piso mínimo a alcanzar para mantener la personería. En la mayoría de los países existen restricciones similares que impiden la atomización del sistema de partidos, incluyendo en algunos casos elevados umbrales electorales o incluso la fijación de un número mínimo de bancas para conformar un bloque legislativo. La experiencia comparada muestra que la fragmentación excesiva del sistema partidario es perjudicial para la democracia, y por eso este proyecto corrige tal debilidad de nuestro sistema actual, que presenta más de 680 partidos con personería jurídica.
Para democratizar efectivamente la competencia electoral, el Estado garantizará a todos los partidos espacios de publicidad en medios audiovisuales, de forma equitativa y proporcional. Junto a esto, se prohíbe la contratación privada de estos espacios, que actualmente consume casi el 90% de los recursos destinados a las campañas electorales. De este modo, la competencia electoral se vuelve más transparente y equitativa, garantizando la difusión de todas las propuestas y su acceso por parte de la sociedad. Un esquema como el propuesto rige en Francia, Reino Unido, España, Portugal, México, Brasil y (con pequeñas diferencias) Chile y Colombia, entre otros países.
También referido al financiamiento partidario, se prohíben las contribuciones a los partidos por parte de empresas y corporaciones, permitiéndose solamente las de personas físicas. Se entiende que todo ciudadano tiene derecho a apoyar al partido que lo desee, pero las corporaciones en sí mismas no cuentan con ese derecho.
Así, avanzamos en hacer realidad el principio básico de la igualdad política de todos los ciudadanos y transparentamos los aportes monetarios para que nadie se esconda detrás de una empresa para apoyar determinada propuesta.
Nuevamente, el objetivo es democratizar la competencia electoral, y fortalecer a los partidos frente a las corporaciones que intentan ocupar su lugar de representar los intereses populares.
Esta democratización incluye la prohibición para los partidos de presentar candidatos a ocupar cargos públicos a personas procesadas por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Se busca garantizar la convicción democrática de quienes aspiran a representar a la ciudadanía.
Nuestra democracia debe decir nunca más a los ejecutores del terrorismo de Estado y a la represión ilegal.
En síntesis, buscamos democratizar la representación política fortaleciendo a los partidos, no como un fin en sí mismo, sino como instrumentos de la soberanía popular.
Su tarea es la de ser los canales por los cuales el pueblo, con su voto, no simplemente elige quien va a gobernar sino que señala cómo será gobernado, con qué propuestas, con qué ideas, con qué políticas públicas. Partidos fuertes y programáticos y participación popular son los pilares que permiten que nuestras instituciones representativas sean realmente democráticas, que el pueblo gobierne y no sólo elija a quien va a hacerlo.
Por todo lo anterior, el proyecto de Ley de Democratización de la Representación Política, Equidad y Transparencia Electoral constituye un salto de calidad institucional que fortalecerá a los partidos políticos, reducirá la brecha entre representantes y representados, y mejorará el funcionamiento de la democracia argentina.
(*) Secretario de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y Presidente del Instituto de Formación Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.
